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La “responsabilidad social” del presidente

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Una reunión con el contratista solamente puede ocurrir en la obra o en las oficinas de la entidad pública.



Recordamos que el domingo pasado El Comercio reveló que un colaborador eficaz afirmó que Martín Vizcarra Cornejo, entonces GORE Moquegua, recibió coima de un millón por parte de la empresa Obrainsa por darles el monto exacto en la oferta de obra para la construcción del sistema de riego Lomas de Ilo. Ese mismo día, en entrevista concedida a Panorama, Vizcarra negó haber recibido tal soborno aduciendo que todo el proceso de contratación estuvo a cargo de UNOPS, aunque reconoció que se reunió con el entonces CEO de la corrupta empresa para tratar “asuntos de carácter técnico” de la referida obra.

Así mismo, admitió que sí les requirió fletar una avioneta al costo de 35 mil soles para trasladar a inversores bolivianos a la inauguración del citado proyecto (“con total transparencia”) bajo el marco, dijo, de la “responsabilidad social”.

Pero luego, enfáticamente, UNOPS declaró al mismo medio periodístico: “La decisión de adjudicar a la empresa ganadora siempre la tiene la entidad, en este caso, el Gobierno Regional de Moquegua. Unops se encargó de comunicar los resultados de la licitación a la empresa y al Seace, manteniendo informado de esto a la entidad”. Es decir, contradijo abiertamente a Vizcarra.

De cualquier modo, el principio de legalidad obliga a los funcionarios públicos actuar en irrestricto apego a la norma: vale decir, lo que está escrito en la ley está permitido, caso contrario se encuentra prohibido. A ello, el Código de Ética de la Función Pública sostiene como principios rectores, entre otros, el de probidad por el cual el funcionario debe actuar con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona. Además, la Ley de Contrataciones del Estado señala que el proceso de contratación (hasta la buena pro y suscripción del contrato) está a cargo del órgano encargado de las contrataciones (logística), y la ejecución del contrato corre por cuenta del área usuaria (en este caso, la Gerencia de Obras u oficina análoga). Una reunión con el contratista solamente puede ocurrir en la obra o en las oficinas de la entidad pública.

En suma, el GORE no debió reunirse –ni antes, durante ni después de ejecutada la obra– con el contratista.

Finalmente, la responsabilidad social corporativa es definida como el cumplimiento satisfactorio de las responsabilidades económica, legal, ética y filantrópica; es decir, basta el incumplimiento de una sola para que la empresa no sea responsable (léase a Miguel Ángel León Untiveros en “La responsabilidad social corporativa en el Perú”). Resulta, así, un concepto totalmente diferente a lo alegado por Vizcarra.

El presidente en funciones ha reconocido, entonces, el manifiesto incumplimiento de la ley. Si esto es considerado (o no) delito lo determinará oportunamente la justicia. Sin embargo, queda la pregunta: Si Martín Vizcarra fue capaz de hacer estas cosas cuando fue GORE hace casi seis años, ¿de que cosas no ha sido, es y seguirá siendo capaz en tanto siga como inquilino precario de Palacio de Gobierno?

Y, sobre todo, ¿nos garantizará neutralidad para las próximas elecciones presidenciales y congresales de abril de 2021?

Imagen: Detalle de foto de John Reyes, La República 

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