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La reforma judicial a lo Juanito Alimaña

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Aquí no se respeta leyes ni reglas. A Odebrecht le acaban de regalar 524 millones, que no salieron del aire sino del trabajo y de los impuestos de cada uno de los peruanos. Al más preparado se lo tumban con mala leche, y sus jueces meten presos en patota.



Digámoslo claro: tenemos una reforma de justicia propuesta por Martín Vizcarra al mejor estilo de Juanito Alimaña, en la que no se respeta leyes ni reglas. A Odebrecht le acaban de regalar 524 millones, que no salieron del aire sino del trabajo y de los impuestos de cada uno de los peruanos. Al más preparado se lo tumban con mala leche, y sus jueces meten presos en patota. Lo hicieron primero con Keiko Fujimori y sus asistentes, y lo acaban de repetir con el prestigioso abogado Humberto Abanto y otros trece árbitros más.

A la hora de calcular las comisiones del arbitraje y establecer si fueron coimas, las aritméticas del juez Chávez Tamariz son dignas del indigente puesto en que nos encontramos en comprensión matemática de las pruebas PISA. Ni qué hablar de valorar el arraigo y los bienes, la profesión y la familia o hasta lo más básico, es decir, la presunción de inocencia universalmente aceptada. A este apresurado juez solo le bastaron 4 días de escuchas al ritmo de cuatro imputados por día para enviarlos presos por 545 días a cada uno de ellos. Si sumásemos sus condenas, darían un total de 21 años dentro de una cárcel hedionda sin que el fiscal pueda demostrar aun nada. Puro humo.

¿Hasta dónde piensan llegar los gobernantes de turno con esta reforma judicial asquerosa? ¿Es la ley del más fuerte la que rige en el Perú? El juez no fue objetivo ni imparcial: “Tumba tú a quien quieras que mi primo es policía”. Igualito lo decía Juanito Alimaña, pues para él la calle es una selva de cemento y de fieras salvajes, y dondequiera te espera lo peor.

La violencia judicial y la inmoralidad son las únicas normas que ahora prevalecen. Es obvio que al juez Chávez le vale madre la reciente casación del juez César San Martín sobre las prisiones preventivas. Así lo demostró en los hechos este pipiolo: no obedece las resoluciones de su propia Corte Suprema.

Veamos con más detalle dos grotescos casos que describen muy bien las presiones judiciales y políticas para encarcelar a unos y favorecer a otros, y que tanto atrasan al país:

1. Se veía venir que el prestigioso abogado de filiación aprista Humberto Abanto, y defensor legal del exsecretario general de Fuerza Popular, iba ir preso y que los demás árbitros irían junto con él, solo para disimular que Abanto era el objetivo principal de esta patraña y abuso judicial. Lo primero fue golpear al brillante letrado, e intimidar a los que se atrevan a defender en el futuro a algún fujimorista y a enfrentarse jurídicamente en los tribunales con los fiscales. Lo segundo era “quebrar” al sobrino Jaime Yoshiyama Sasaki preso y sin sentencia –para repetir lo que hizo Luis Nava con García– y que este incrimine a Keiko Fujimori, al ver afectados sus derechos más elementales a una defensa legal efectiva.

Lo hecho contra Yoshiyama Sasaki y Abanto está doblemente prohibido en el mundo occidental y en Estados Unidos en particular, pues al atentar contra la libertad de un abogado defensor se atenta directamente contra sus defendidos.

2. Una segunda situación corresponde a Odebrecht, quien ya nos robó por largos veinte años y al parecer quiere heredarnos por los siguientes 50. Esto gracias a las obras corruptas que tan generosamente firmaron Nadine Heredia y Ollanta Humala a cambio de los tres millonazos que Lula da Silva exigió para ellos. El fallo de la jueza María de los Ángeles Álvarez a favor de la corrupta constructora por la hidroeléctrica de Chaglla no hace sino abrirles nuevas compuertas de riqueza fácil que, a través de truculentas demandas al Estado peruano, han quedado expeditas con esta decisión.

Por cierto, estos 525 millones se suman a la venta del proyecto mismo, cuya exagerada ganancia en doleiros para Odebrecht fue triplicada o quintuplicada por los subsidios estatales que les garantizan a los compradores chinos una tarifa de energía eléctrica muy por encima del precio del mercado, que al final pagaremos nosotros. ¿Acaso esperaban que el “honestísimo” Martín Vizcarra se oponga a ello vehementemente? ¿O que el complaciente procurador anticorrupción Jorge Ramírez y los fiscales Vela Barba y Pérez detengan los pagos injustificados a Odebrecht?

¡No sean giles! Ya todos sabemos para quien trabajan ellos en realidad. Hasta lo acaba de decir cierta ministra, pidiendo que paguemos a los corruptos del Brasil no solo 500 sino 10 mil millones de soles del trabajo de los todos los peruanos. ¡Al menos esta vez sinceró sus intenciones!

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