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La primera carta

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No basta con el discurso ni con la proclama del equilibrio de poderes, pues el exceso de prisiones preventivas implica condescendencia y plazos largos para los fiscales que demoran demasiado en concretar acusaciones y, por ende, apertura de los juicios.



Circuló como auténtica y causó gran revuelo. Hablamos de la primera carta al presidente uruguayo Tabaré Vasquez, presuntamente dirigida por Alan García, para solicitarle asilo diplomático hasta el cese del clima de persecución política en el Perú.  Y si bien fue negada por el entorno personal del expresidente, su impacto fue innegable desde que acusó al presidente Martín Vizcarra y a su primer ministro, César Villanueva, de “arrinconar” a los otros poderes del Estado y buscar la destitución del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, para “entregar la institución a fiscales dóciles al gobierno”.

Importa y preocupa el argumento de la inexistencia de fiscales y jueces imparciales por ser el aspecto fundamental del Estado de Derecho. La carta denuncia una guerra por copar las instituciones y la Fiscalía de la Nación, que ha creado “un clima de indefensión jurídica, donde ni la verdad ni la ausencia de pruebas valen ante el afán de usar los procedimientos investigativos extremando abusivamente sus atribuciones”. Este párrafo clave alude a los excesos orales de Martín Vizcarra y también a los procedimientos del Ministerio Público y del Poder Judicial que han hecho de la pena preventiva una acción generalizada sin considerar su excepcionalidad consagrada por el Tribunal Constitucional.

Desde que existe el peligro de detención sin pruebas solo con hipótesis, es entendible que el expresidente haya temido por su libertad. De testigo fue pasado a imputado sin más transición que una audiencia suspendida para ampliar las investigaciones, debido a una nueva prueba aportada por IDL Reporteros ese mismo día. La maniobra fue considerada por muchos como una trampa inteligente del fiscal Domingo Pérez. Ya lo tenían en territorio peruano y no lo dejarían salir. Y antes de que la orden judicial de inamovilidad de García se concretara ya el gobierno de Vizcarra había ordenado el cierre de fronteras, en un exceso de prolijidad que vino a usar el expresidente para fundamentar su persecución.

García Pérez proclama su inocencia debido a que en las declaraciones bajo juramento del mandamás Marcelo Odebrecht y en las de sus altos funcionarios señalan que “jamás se habló con Alan García de nada ilícito”, que nunca mencionaron montos, números de cuentas, lugares o conversaciones. Útiles para deslindar con los casos de los expresidentes Toledo, Humala y PPK, vinculados a Odebrecht directamente. Afirma que la conferencia por la que pretenden perseguirlo no fue contratada por la megacorruptora y se realizó cuando nadie la censuraba como sucede ahora.

La respuesta del gobierno de Tabaré Vásquez está por verse. No sabemos si Uruguay concederá el asilo a AGP, pero cualquiera sea la respuesta la situación significa una importante lección más allá de afirmar o negar la persecución política en el Perú.

No basta con el discurso ni con la proclama del equilibrio de poderes. Hay que entender que los partidos políticos no pueden ser tratados como organizaciones criminales, que no se puede interferir con los poderes del estado ni con las instituciones autónomas –y menos avasallarlas en busca de popularidad–, que no se debe manipular la libertad de los imputados cuya culpabilidad no ha sido probada. Que para adversarios, enemigos o aliados funcionan las garantías de la justicia en democracia y Estado de Derecho. Nadie acepta ni defiende la impunidad de los corruptos pero hay que sentenciarlos debidamente en juicios con correcta actuación de pruebas.

Finalmente, el exceso de prisiones preventivas implica condescendencia y plazos largos para los fiscales que demoran demasiado en concretar las acusaciones para la apertura de los juicios. Y después de la bárbara y repudiable agresión a Luis Alva Castro queda más que claro que no es ético ni posible azuzar multitudes.

El circo romano es primitivo y debe quedar en la historia. En una democracia madura que respeta la ley y el derecho necesitamos alentar razones y dejar de manipular emociones.

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