La ley del huaracazo

El infierno desatado en Islay pone en evidencia que las protestas van más allá de las discrepancias: Tía María no solo es cuestión de una visión antiminera; Tía María también es la plataforma política de muchos dirigentes corruptos. Los huaracazos llegan con financiamiento y no les interesa que corra sangre.

Es cierto que el Estado es lento e incapaz para establecer diálogos preventivos con las comunidades. Por ejemplo, en Bagua, la Defensoría del Pueblo advirtió del peligro de una crisis social con ocho meses de anticipación de los sucesos. No importó. Se permitió que la gente fuera mal informada y manipulada.

Hoy, se repite en parte la historia y nos encontramos en medio de una crisis que empuja al país al despeñadero. La manipulación que ejercen muchos dirigentes ‘miserables’ con una población desinformada, tiene consecuencias letales. Ellos solo se interesan en su propia agenda política, una que persigue desestabilizar todo proyecto de grandes inversiones.

En este contexto, es clave considerar los estudios y argumentos ambientales: ningún ser humano debe vivir en lugares contaminados. Pero cuando las precauciones están garantizadas y no existe posibilidad de peligro, las cosas cambian. Eso no les conviene creer a los dirigentes corruptos.

El tema es: ¿por qué el Estado permite que estos dirigentes inescrupulosos desinformen a los pobladores? ¿Por qué reacciona tan tarde? ¿Dónde está el trabajo de los servicios de inteligencia cuando se les necesita? Nunca hubo respuesta satisfactoria y ahora se tiene que enfrentar el problema con miles de policías y militares para imponer el orden.