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La ley del embudo

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Al parecer, es mediáticamente más sabroso poner reflectores sobre los aportes a las campañas políticas (que per se no constituyen delito bajo nuestra normativa vigente) que a los peces gordos implicados en actos de corrupción en obras públicas y concesiones (quienes siguen como si nada hubiese pasado).



El 02 de agosto de 2017 el diario La República publicó una nota en la que señalaba que, según el diario brasilero O Globo, Keiko Fujimori habría recibido de la corruptora Odebrecht un aporte de campaña de la llamada Caja 2. El 03 de agosto de 2017 –por encargo del entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde– se ordenó al fiscal Rafael Vela Barba que en función a esta nota periodística proceda de acuerdo con sus competencias. Esto se refleja expresamente en el Oficio N° 6208-2017-MP-FN-SEGFIN. Y, conforme al numeral 3.2 de la resolución que ordenó el allanamiento de los locales de Fuerza Popular (Expediente N° 00299-2017-2-5001-JR-PE-01), el 04 de agosto de 2017 el fiscal Vela Barba le informó al juez Concepción Carhuancho que habiendo tomado conocimiento de esta supuesta “noticia criminal” se procedería con las acciones legales del caso.

El tema va en el siguiente sentido: 1) El ahora exfiscal de la Nación en función a una nota periodística (02.08.17) impulsó una investigación contra Keiko Fujimori; 2) al día siguiente (03.08.17), la Secretaría General de la Fiscalía de la Nación ofició al fiscal Vela Barba para que tome cartas en este asunto; 3) Vela Barba le informó al juez Concepción Carhuancho sobre esta supuesta “noticia criminal” (04.08.17) e inició acciones legales; 4) los locales partidarios de Fuerza Popular fueron allanados; 5) hoy Keiko Fujimori está encarcelada sin que exista acusación fiscal y mucho menos un proceso penal en su contra.

La secuencia de hechos descritos no llamaría la atención si no fuese porque en nuestro país no es lo regular que el fiscal de la Nación impulse directamente investigaciones en función de notas periodísticas o que las investigaciones fiscales se impulsen con esta inusitada diligencia. Entonces cabe preguntar: ¿existirán también oficios en los que el exfiscal de la Nación impulsó acciones penales contra Susana Villarán, Pedro Pablo Kuczynski u otros con la misma inmediatez que en el caso Fujimori?

Al margen de la ingenuidad de mi pregunta, lo real es que hoy la única política presa es Keiko Fujimori y ella, a diferencia de todos los demás investigados en el caso Lava Jato, no fue gobierno, no administró fondos públicos, no suscribió contratos amañados ni corruptos con Odebrecht. ¡Increíble!

Al parecer, es mediáticamente más sabroso poner reflectores sobre los aportes a las campañas políticas (que per se no constituyen delito bajo nuestra normativa vigente) que a los peces gordos implicados en actos de corrupción en obras públicas y concesiones (quienes siguen como si nada hubiese pasado).

Pero, por favor, ¡no seamos mal pensados! Quizá estos tuvieron la “suerte” de que las notas periodísticas sobre sus casos se publicaron en diarios que no compran ni leen nuestros selectivamente céleres fiscales.

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