Connect with us

Opinión

La justicia (te) ciega

Publicado

el

Vizcarra, como gran abanderado de la lucha contra la corrupción y en el cargo (ya cuestionado) de titular de la alicaída Comisión para la Reforma de Justicia, debe comprender (es su deber hacerlo) el irrestricto respeto al equilibrio de poderes al interior del Estado peruano, incluido el Poder Judicial.



Un bochornoso (y borrachoso) espectáculo brindado por el juez Superior de Arequipa, Óscar Enrique Béjar Pereyra, al ser detenido y conducido a la comisaría por manejar ebrio y agredir al efectivo policial que lo detuvo, es una prueba más de la precariedad institucional con que se maneja el Poder Judicial. Sintonizando con el gobierno del señor Vizcarra, este poder está paralizado. La otrora y bienaventurada Junta Nacional de Justicia abortó desde que forzadamente extinguieron el CNM, con las consecuencias que hoy todos vemos (convocatoria de 140 postulantes en la que solo 3 pasaron la primera fase; el único ganador nunca juramentó, pues lo renunciaron). Dizque nuevamente llevarán a concurso, con la esperanza de que esta vez puedan elegir a todos los miembros.

Esta situación ha originado, por un lado, que los jueces no sean evaluados (ratificación cada 7 años) o sancionados con destitución; y por otro, que el número de jueces supernumerarios (833 al mes de febrero pasado) y provisionales designados directamente por cada Presidencia de Corte Superior se incremente, ya sea por la creciente demanda de la población en la resolución de sus conflictos o ante renuncias o ceses de jueces titulares, además de la imposibilidad de nombramientos. Lo preocupante de estas designaciones “dedocráticas” es que la permanencia en el puesto podría estar sujeta a favorecer a quien lo designó (o recomendó para tal designación).

A ello, agregarle las dramáticas condiciones laborales de los servidores judiciales. Primero, la enorme brecha salarial entre jueces supremos (S/. 42,717.00) y personal administrativo (vg. un auxiliar administrativo I percibe S/. 1430.00). Segundo, la falta de capacitación y evaluación psicológica permanentes (BBC Mundo reseña que “el tema no es si los jueces tienen prejuicios, sino si pueden asegurarse de que otras personas no se vean afectadas por esos prejuicios”). Tercero: las deplorables condiciones de la infraestructura. En 2013, Perú 21 informó que “la presidencia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial declaró en emergencia su infraestructura inmobiliaria ante la situación de inseguridad en las que se encuentran todas sus sedes”; sin embargo, a la fecha la ejecución presupuestal en el rubro Construcción de Edificios y Estructura alcanza solamente el 22%. Cuarto: la cada vez más creciente carga procesal. El Comercio informó que al 2018 existen 2´593,132 expedientes en trámite y 1´293,684 en ejecución, añadiendo que “cada año el Poder Judicial recibe 200 mil casos” y que “para el bicentenario la carga procesal superará los cuatro millones de expedientes sin resolver. Además, que los jueces tienen una capacidad para resolver 500 casos al año, pero que en la práctica estarían recibiendo 5000”.

Cierto es que seguimos con la noción –cada vez más creciente– de judicializar todo; vale decir, que cualquier controversia debe ser resuelta por medio de la judicatura. De ahí la coloquial expresión: “Si no me pagas, te demando”. Y resulta que la conciliación extrajudicial como mecanismo alternativo de solución de conflictos ha quedado reducida a una instancia previa para un litigio: máxime si la misma no es obligatoria (entiéndase como facultativa) en materia familiar, laboral, constitucional, entre otros.

Paralelamente, la ciudadanía exige de la judicatura independencia e imparcialidad, así como control sobre las decisiones jurisdiccionales (incluyendo el comportamiento del juez y/o personal administrativo). Respecto de lo primero, está bastante claro que los jueces en su gran mayoría son probos y eficientes, aunque ello no alcanza, toda vez que necesitamos que tengan la estabilidad laboral requerida (titularidad) para que se encuentren libres de presiones internas y externas. Y, con relación a lo segundo, como en todo grupo humano existen jueces que ven el concepto de JUSTICIA como un negocio particular, dilatando innecesariamente los procesos (por lenidad o corrupción), adelantando opiniones (prejuzgamiento, como el caso del señor Concepción Carhuancho), entre otros. Por esto deberían ser sancionados drásticamente, inclusive hasta la destitución.

Más allá de saber a quién (o cómo) corresponde resolver esta problemática –que, dicho sea de paso, tiene décadas– extendida a nivel mundial), lo cierto es que el señor Vizcarra, como gran abanderado de la lucha contra la corrupción y en el cargo (ya cuestionado) de titular de la alicaída Comisión para la Reforma de Justicia, debe comprender –es su deber hacerlo– el irrestricto respeto al equilibrio de poderes (check and balances) al interior del Estado peruano, incluido el Poder Judicial.

Como señaló ABC de España, “la política corre riesgo de quedar atrapada por la banalidad y la extravagancia, el descuido de nuestras instituciones y la falta de respeto a los procedimientos democráticos”; deploró, así mismo, la “escasez de diálogo y responsabilidad”.

Imagen: Difusión

Seguir leyendo
Click para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Opinión

¿Porqué tenemos relaciones diplomáticas con un dictador?

Seguir leyendo

Opinión

Solo a los amigos del presidente

Seguir leyendo

Opinión

¡Presidente, no juegue más!

Seguir leyendo

Tendencias

Director: Ricardo Vásquez Kunze.


Contacto: [email protected]

Copyright © 2019 Todos los derechos reservados a favor de Político.pe. Aviso Legal. Desarrollado por Smart! Grupo Creativo