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Opinión

La impunidad judicial

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En nuestro país todo se ha mercantilizado, y quienes se llenan la boca hablando de democracia representativa y de justicia para todos saben que están hablando falsedades.



Los audios de la vergüenza nos tienen enfermos. La justicia imposible, la que se vende y solo funciona para la gente con dinero para comprarla se une a la representación política que también depende del dinero para las campañas que la hacen posible. En nuestro país todo se ha mercantilizado, y quienes se llenan la boca hablando de democracia representativa y de justicia para todos saben que están hablando falsedades.

Felizmente, la sociedad peruana tiene un lado sano que ha permitido constatar esa corrupción que sabíamos que existía soterrada pero actuante. Gracias a esta avalancha de mugre tenemos por delante una misión de higiene esencial. Gracias al fiscal y al juez que autorizaron las interferencias telefónicas podemos intentar salvar instituciones como el Poder Judicial y el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero el saneamiento se dará a contracorriente de la gente que vive y se alimenta de esa corrupción interna, del núcleo supérstite que en cada proceso presiona por los pagos para conceder lo que corresponde por derecho y se les niega.

La justicia está lejos de ser imparcial, rápida y de bajo costo o gratuita. Nada ni nadie garantiza que sea así. En muchos casos las sentencias son dictadas contra ley, prescindiendo de los hechos e incluso de los precedentes judiciales comprobados. Nadie supervisa nada porque cada juez es rey en su reino. Los magistrados hacen tabla rasa de la igualdad. Y la celeridad es un cuento chino.

Largos años de calvario para morir en la playa sino aceptas pagar bajo la mesa. Y los magistrados no pierden su presunta dignidad en las audiencias, donde se comportan como dioses del Olimpo. La gran tarea es descartar la impunidad judicial bajo el manto de esa majestad respetable. Solo la vigilancia y la supervisión ciudadana institucionalizada podría dar un soplo de viento fresco en este panorama desolador.

El Código Penal castiga el prevaricato: “El juez o el fiscal que dicta resolución o emite dictamen, manifiestamente contrarios al texto expreso y claro de la ley, o cita pruebas inexistentes o hechos falsos, o se apoya en leyes supuestas o derogadas, será reprimido con pena privativa de libertad no menos de tres ni mayor de cinco años” (art. 418º). Pero esta norma tan precisa nunca se aplica. Su procedimiento la convierte en burla.

Primero, requiere la investigación del juez por las oficinas de control interno donde deciden los colegas jueces amigos de los quejados: solidarios con aquellos o cercanos políticamente, y que ponen de manifiesto el espíritu corporativo. Pasado este difícil y casi imposible filtro el que sigue es aún más complicado, pues la denuncia de prevaricato debe ser autorizada por el mismo fiscal de la nación, según el Código Procesal Penal (art. 454º).

El juez que expide sentencias contra la ley no incurre en delitos; son simples faltas a la Ley de la Carrera Judicial. Los procesos por prevaricato solo son autorizados contra algunos jueces de provincias periféricas, sin influencias ni dinero suficiente, nunca contra los peces gordos que estamos conociendo solo por los audios de la verguenza.

Nada de esto puede verse desde las oficinas o desde los altos despachos. Es en los pasillos donde se descargan las angustias y los dineros. Únicamente dar la palabra a las víctimas podría develar la injusticia y la corrupción. Como sucedió con Wikileaks que, desde la denuncia garantizada con el anonimato, pudo cuestionar los llamados efectos colaterales… miles de muertos inocentes, de las acciones armadas de la primera potencia mundial. Nada menos.

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