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“La geobulla”

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Debate sobre acceso a las celulares de delincuentes va agotándose a favor de su normatividad.



No neguemos que el gobierno de Ollanta Humala merece dudas, sospechas y miradas de reojo cuando intenta a la hora nona ponerse las pilas en materia de seguridad ciudadana. Peor aún cuando recurre a mecanismos que implican el abordaje de las comunicaciones privadas, luego de que hace algunos meses todo un gabinete ministerial sucumbió por obra de las travesuras de la DINI.

Sin embargo, convengamos también que el debate en torno al Decreto Legislativo 1182, el cual habilita la geolocalización de quienes ordenan las acciones criminales a través de sus teléfonos móviles, estaba poniéndose aburrido y estéril por pura incredulidad respecto a las verdaderas intenciones oficialistas.

Ahora no solo las cuatro empresas operadoras de la telefonía celular han dado una tácita bendición a ese marco legal comprometiendo su concurso en esa tarea, sino que la misma Defensoría del Pueblo (cuyo titular interino ha sido maltratado por Humala en diversas ocasiones) aprueba la ley, recomendando únicamente algunos ajustes  que impidan la violación de la privacidad de las comunicaciones.

Sumemos a ello el lacónico aval del ex presidente Alan García a la misma como para comprender que, más allá de la suspicacia, tenemos el desafío de hacer algo pronto y eficaz contra la delincuencia organizada.

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