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¿La fujimorización de Vizcarra?

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Si el presidente cede a la tentación de repetir el nefasto cinco de abril de 1992, estaríamos ante un riesgo que nuestra democracia no se puede permitir. Para defenderla necesitamos de la unidad y del diálogo de todas las fuerzas, para respaldar el equilibrio de poderes y la autonomía de las instituciones.



El fujimorismo está profundamente lesionado. Martín Vizcarra le asestó varias victorias cuando hábilmente logró imponerse a la primera fuerza parlamentaria, que a pesar de su alto número de congresistas tuvo que alinearse ante la amenaza de la cuestión de confianza y del cierre posible del Congreso. Y, como si fuera poco, le ha seguido la audiencia contra la cúpula de Fuerza Popular por presunta organización criminal que habría incurrido en lavado de activos.

El climax político se ha dado, por supuesto, con la prisión para Keiko Fujimori.

Ante esta situación, el desbande del fujimorismo ya es evidente: demasiados temores en los diversos sectores propician que ataquen y defiendan al fiscal de la Nación Pedro Chavarry, alto funcionario que desde su nombramiento permanece bajo fuego de quienes temen los juicios, las culpas y las prisiones que podrían afectarlos por Lava Jato.

Estamos habituados a la división entre fujimoristas y antifujimoristas, pero la polarización que hoy divide al país no es política ni ideológica, sino por temores y por defensas. Nadie quiere ser el siguiente en las decisiones del canero juez Richard Concepción Carhuancho. La judicialización de la política hace que los magistrados se conviertan en estrellas políticas, las que pueden determinar escenarios a favor o en contra.

Por eso y con ese empoderamiento, el fiscal Domingo Perez aprovechó la salida de su audiencia no para insistir en su argumentación jurídica sino para atacar a su superior jerárquico, el fiscal de la Nación. Algo inadmisible dentro de la lógica institucional pero indudablemente rentable en la ruta del aprovechamiento político de la tribuna que marcó la hoy vicepresidenta del Congreso, Yeni Vilcatoma.

Pero lo peor por sus consecuencias ha sido la respuesta de Pedro Chávarry al imputar a Domingo Pérez una sociedad con el Ejecutivo para sacarlo de ese alto y decisivo cargo. Y en esa línea atribuirle lenidad o inacción en el caso Chinchero a su cargo, demasiado sensible desde que podría llegar a desestabilizar al mismo presidente Martin Vizcarra.

Si Chinchero está en la agenda de la Fiscalía, el Ejecutivo podría sentirse en riesgo y por ello exigir la cabeza del Fiscal de la Nación como lo han hecho en repetidas oportunidades Vizcarra y Villanueva, lindando éste último con el chantaje político al subordinar el diálogo a la salida de Chávarry.

Hasta ahora la popularidad del presidente se ha sustentado en su habilidad para manejar la coyuntura que le ha deparado sucesivas victorias políticas, hasta colocarnos al borde de un referéndum para concretar importantes reformas políticas que el fujimorismo no tenía voluntad de asumir. Pero un emplazamiento judicial de tipo penal sería demasiado serio para Martín Vizcarra: la desestabilización política acecha y como presidente podría ceder a la tentación de descansar en el soporte castrense. De ahí los rumores de golpe incentivados por los cambios a destiempo en los mandos militares institucionales.

Si el presidente Martín Vizcarra se fujimoriza tomando como ejemplo el nefasto cinco de abril de 1992, estaríamos ante un riesgo que nuestra democracia no se puede permitir. Para defenderla necesitamos de la unidad y del diálogo de todas las fuerzas, para respaldar el equilibrio de poderes y la autonomía de las instituciones. Y, claro, de la movilización por conciencia democrática. Por ahí empieza el estado de derecho y, no podía ser de otra manera, la justicia que debería estar lo más alejada posible de la venganza y de los histrionismos interesados en obtener réditos y figuretismo político.

 

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