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¡La Fiscalía existía!

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Aunque sea tarde y para la galería, el Ministerio Público abandonó la culposa parálisis y realizó operativos. ¡Que nadie se mueva!



La historia dirá que bastó levantar una acusación constitucional contra el Fiscal de la Nación para ver, de la noche a la mañana, a una Fiscalía empeñosa y proactiva. Los fiscales encienden cirios de solidaridad por su acosada entidad y varios inmuebles son allanados. También se terminan de confirmar (era un secreto que ya no podían guardar, como el valse) los pagos de dinero corrupto brasilero a favor de Susana Villarán y de la campaña contra la revocatoria.

¿Se acuerdan cuando se levantó la sombra amenazante de una interpelación al ministro del Interior y de pronto veíamos a Basombrío cada día posando luego de un operativo exitoso? Es probable que algo similar ocurra en este caso y tengamos en pocos días los destapes que estaban demorando un año en salir.

Desde el punto de vista procesal, estas intervenciones de la Fiscalía poco tienen que ver, habida cuenta de que las acusaciones al fiscal aluden a su falta de investigación a las empresas peruanas consorciadas con la corruptora Odebrecht. Esos es lo que investigará el Congreso y se debatirá públicamente. Se espera sorpresas, pues saldrán a la luz documentos no conocidos aún que revelan la actitud de una entidad pública que no supo asumir cabalmente sus funciones.

De esto último trata el cuestionamiento al fiscal, y el control político —es bueno recordarlo— está claramente incluido entre las atribuciones del Congreso. Al fiscal no le preguntarán por qué insisten en investigar a Keiko en la modalidad de crimen organizado. Tampoco le van a preguntar por qué se decidió reabrir el caso Joaquín Ramírez. Al fiscal le van a preguntar por qué hasta el momento de la denuncia no había un solo operativo, un solo acusado entre los socios peruanos de las empresas brasileñas corruptoras. Por qué no se intervinieron oficinas o, por lo menos, los celulares de los ejecutivos de las empresas que se asociaron a la corrupción. Más todavía si en recientes declaraciones Marcelo Odebrecht advirtió que con una de ellas los corruptores tenían una relación especial.

Parece que la Fiscalía lo está entendiendo y ya no basa su estrategia mediática en proclamarse una víctima del fujimorismo autoritario. No la tiene fácil el Ministerio Público: no podrá exhibir ni acreditar apertura alguna de investigación en los casos expresamente mencionados en la denuncia del congresista Salaverry. Pero tendrá una mejor opción de ganar la batalla política si esta se da en el contexto de una fiscalía que, cuando menos, empieza por fin a actuar.

Aunque sea tarde y para la galería… la Fiscalía abandonó la culposa parálisis. ¡Que nadie se mueva!

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