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La Comisión de Venecia ante una propuesta inconstitucional

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El presidente del Parlamento, Pedro Olaechea, ha solicitado un informe a la Comisión de Venecia sobre la cuestión de confianza planteada por el presidente Vizcarra para aprobar una lista de proyectos de reforma política, "en un plazo y sentido predeterminado por el Ejecutivo, bajo la amenaza de disolver el Congreso". 



El presidente del Parlamento, Pedro Olaechea, ha solicitado un informe a la Comisión de Venecia sobre la cuestión de confianza planteada por el presidente Vizcarra para aprobar una lista de proyectos de reforma política, “en un plazo y sentido predeterminado por el Ejecutivo, bajo la amenaza de disolver el Congreso”.  La comunicación, además, refiere que el 28 de julio pasado el jefe del Estado, “durante su mensaje de la Nación, anunció que presentará un nuevo proyecto de reforma constitucional cuya finalidad es adelantar las elecciones programadas para el año 2021, lo cual no está contemplado en nuestra Constitución”.

Acudir a un organismo del prestigio internacional de la Comisión de Venecia es una acción muy importante. Recordemos que dicha entidad –formada en 1990– es un órgano consultivo del Consejo de Europa, del cual forman parte 28 Estados del viejo continente y en el que participan prestigiados expertos en Derecho Constitucional de 46 naciones. La Comisión ha emitido valiosas opiniones interpretando los textos de la Carta Fundamental de Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Kosovo, Serbia, Montenegro y sobre lo resuelto por el Tribunal Constitucional de España en los casos de vascos y catalanes.

El 24 de octubre del 2017, la Organización de Estados Americanos, a través de su secretario general, recurrió a la Comisión de Venecia para que se pronuncie sobre el derecho a la reelección indefinida reclamado por el  mandatario boliviano Evo Morales, impedido de postular por cuarta vez por su propia Constitución y por un referéndum. A pesar de esa prohibición Morales recibió el apoyo del Tribunal Constitucional –de la misma categoría que el existente en Venezuela–, que resolvió insólitamente que podía hacerlo indefinidamente bajo el argumento de que así lo garantizaba la Convención Americana de la OEA sobre los Derechos Humanos.

En un largo análisis jurídico de 28 páginas, durante su sesión plenaria de marzo del 2018 los juristas de esa institución concluyeron que no existe ninguna conexión entre reelección y derechos humanos, agregando que solamente a través de una reforma constitucional (con arreglo a ley) podría permitirse la reelección indefinida de las autoridades políticas. Más aún, la Comisión también sostiene que “los límites a la reelección están orientados a proteger a la democracia de convertirse en una dictadura de facto. Adicionalmente, los límites a una reelección pueden fortalecer a una sociedad democrática, pues imponen la lógica de la alternancia política como un evento predecible en los asuntos públicos”.

A pesar de lo dicho, Evo Morales está presentándose como candidato a los comicios presidenciales del próximo mes de octubre, ante el sorprendente silencio de nuestras cancillerías y de la propia OEA, que debería haber convocado a una reunión de urgencia de su Consejo Permanente para analizar el tema y decidir si aplica o no la Carta Democrática al gobierno de Bolivia.

Nuestro país, mientras tanto, queda a la espera de lo que digan los expertos de la Comisión de Venecia en relación a la inaceptable presión que ejerce el presidente Vizcarra para que el Parlamento adelante –inconstitucionalmente– los comicios generales. Los más destacados expertos en Derecho Constitucional el país ya han dicho, reiteradamente, que no es posible que el Legislativo acceda a esa pretensión.

Es una lástima, sin embargo, no contar con la opinión del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, que mantiene sepulcral silencio ante un tema de esa trascendencia sin tomar en cuenta, por ejemplo, que hasta hoy los miembros de la Orden recuerdan los históricos pronunciamientos emitidos por dicho Colegio en los tiempos de la dictadura de Sánchez Cerro, que defendían principios y valores constitucionales atropellados por ella.

Imagen: El Universal

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