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La cola de Villarán

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Denuncian y piden medidas preventivas para Anel Townsend, Paola Ugaz y tres personas más, por presuntos delitos contra la administración pública, en la modalidad de peculado y lavado de activos agravado por organización criminal.



De acuerdo con información del diario Expreso, ante el Cuarto Despacho de la Fiscalía Supraprovincial de Corrupción de Funcionarios, el ciudadano Edgardo Palomino ha presentado cargos contra la excongresista Anel Townsend, la periodista Paola Ugaz, María Méndez Vega, Ana Escudero Valdivieso y Marco Zevallos, por los presuntos delitos contra la administración pública, en la modalidad de peculado y lavado de activos agravado por organización criminal.

Según la Fiscalía, en 2013 Susana María del Carmen Villarán de la Puente (entonces alcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de Lima) y Jose Miguel Castro Gutiérrez (entonces gerente municipal de la Municipalidad Metropolitana de Lima) habrían solicitado “dinero de procedencia ilícita a las empresas Odebrecht y OAS por las sumas de 3 y 1 millón de dólares respectivamente; a efectos de financiar la campaña de la No Revocatoria de la alcaldesa”.

En este marco es que Townsend, como exvocera política de la campaña del ‘No’ a la Revocatoria de Villarán, ha sido denunciada por haberse incorporado en la organización “para mantener ilícitamente en el poder a Susana Villarán, entre otros fines, para encargarse de recibir y gestionar el dinero productos de los actos de corrupción de las empresas brasileras” y para “dirigir la defensa mediática de la exalcaldesa con fondos obtenidos de las empresas Odebrecht y OAS”.

Así mismo, Ugaz ha sido involucrada en dicha denuncia ya que como “encargada del manejo comunicacional en medios y redes sociales” de la campaña del ‘No’ habría recibido “un pago mensual de 10 mil soles por la Municipalidad Metropolitana de Lima por trabajos ajenos” a la comuna limeña, cuyo origen de los fondos habría sido OAS y Odebrecht.

Cabe resaltar que la citada periodista, luego de permanecer durante largo tiempo a la sombra últimamente logró notoria exposición por la serie de denuncias en su contra. Estas fueron por presunto delito de difamación agravada –que finalmente fue desistida por el obispo de Piura, José Antonio Eguren–; por falso testimonio en el documental Sodalitium Scandal –interpuesta por Carlos Alberto Gómez de la Torre, quien afirma que ha debido denunciarla “porque ha declarado falsamente en juicio que no es la productora de Al Jazeera [para la elaboración del citado documental], cuando ella misma antes lo ha reconocido en una entrevista pública”– a las que se suma ahora la mencionada líneas arriba, por peculado y lavado de activos como integrante de una organización criminal.

Siempre de acuerdo con la Fiscalía, la tesis es que “con la finalidad de continuar en el poder, habrían hipotecado su voluntad a favor de las empresas brasileñas. A cambio de ello habrían recibido dinero para poder financiar la campaña por la No Revocatoria, siendo que para poder camuflar los dineros ilícitos e ingresarlos al ámbito económico nacional, habría consignado en la información presentada ante la ONPE, datos de aportantes falsos”.

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