Keiko: un caso para Human Rights

 El ensañamiento político contra Keiko Fujimori no tiene límites. Pérez y Vela están dispuestos a todo con tal de verla nuevamente tras las rejas luego de haber confrontado y despotricado contra sus superiores jerárquicos, constitucionalistas de talla internacional y los magistrados del TC que por mayoría resolvieron que la líder de Fuerza Popular no era un peligro para la sociedad y debía afrontar sus procesos penales en libertad, como corresponde con la regla.

La respuesta de los fiscales ha sido estrambótica, pero siniestra. No solo han pedido una nueva prisión preventiva que se resolverá al día siguiente de Navidad, sino que han adelantado cuál sería la pena de la señora Fujimori a juicio de ellos: un cuarto de siglo tras las rejas. De este modo, la pena que según Vela y Pérez le correspondería a Keiko sería similar a la de un asesinato común (Antauro Humala fue condenado por el Andahuaylazo a 25 años de prisión), lo que basta para demostrar la insania de este par de fiscales.Jaime De Althaus ha escrito un excelente artículo en El Comercio apelando al simple sentido común en el caso de Keiko Fujimori (Los Abusadores 30/12/19). No solo pone al garete la tesis del lavado de activos y la organización criminal sino que afirma una verdad absoluta: “Si los fiscales no entienden algo tan fácil de entender, y fuerzan la falacia del lavado de activos porque el aporte no declarado no era delito, es porque sus objetivos no son la verdad, sino la persecución política o el aura mediática”.

El caso de Keiko Fujimori es uno que se estudiará mañana en los cursos de derechos humanos. Está armado sobre un castillo de naipes (el lavado de activos y la organización criminal) que muy probablemente el Poder Judicial termine desechando. Mi hipótesis es que esa es la razón por la que los fiscales tienen esa fijación para que la señora Fujimori vaya presa sí o sí por adelantado. Un caso típico de sentencia previa para escarmentar aunque sea unos años a la “enemiga pública número uno” de cierto sector política peruana, a falta de razones jurídicas y de argumentos lógicos.

El sistema penitenciario acaba de ser declarado en emergencia. Entre diez a doce mil prisiones preventivas al año son las que piden los fiscales y concede el Poder Judicial. De esas, más de la mitad sale libre al año porque se cumplió el plazo para acusar y la Fiscalía no lo hizo. El caso de Martín Belaunde Lossio, que pasó CINCO AÑOS en la cárcel sin acusación y que acaba de ser liberado por exceso de carcelería es un claro ejemplo de ello. El de la exvoleibolista Jessica Tejada también.

Jorge Cuba y Edwin Luyo, los primeros en caer por la trama de Odebrecht por el caso Metro 1 de Lima pasaron 30 meses en la cárcel con prisión preventiva y ya se determinó que se varíe la orden por la de comparecencia restringida. En este caso el Equipo Especial Lava Jato también pide 25 años de prisión para los exfuncionarios apristas, pero en casi tres años no ha podido presentar la acusación. Es lo mismo que quieren hacer con Keiko Fujimori, con la salvedad inmensa de que ella nunca ha sido gobierno ni funcionaria a cargo de fondos públicos y, por lo tanto, no puede haber recibido soborno alguno.

Es increíble que la fiscal de la Nación respalde a estos dos irresponsables. Pero así es. Solo hay que apelar a que los jueces tengan un poco de sentido común para que la ordalía y el tribunal de la opinión pública no se consagren en el Perú: digan lo que digan los pasquines, los opinólogos baratos y los que se rasgan las vestiduras por la “verdad” cuando no la ven aunque la tienen en sus narices.

Foto: www.misesreport.com