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Keiko nuevamente en prisión y sin juicio previo

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Hay innegable estupor e indignación mayoritaria ante la desproporcionada e injusta medida.



Keiko Sofía Fujimori Higuchi está nuevamente en prisión. Víctor Zúñiga ha sido el juez encargado de declarar fundado, luego de once audiencias, el pedido del controvertido fiscal José Domingo Pérez. Son quince meses de prisión preventiva basándose en que existe “peligro abstracto de fuga” por parte de la señora Fujimori y desconociendo a su vez el criterio interpretativo del TC (hábeas corpus que decidió su inmediata excarcelación).

Desde luego, se han levantado voces mayoritarias de estupor e indignación ante tal desproporcionada e injusta medida adoptada por la justicia peruana, toda vez que no existe la figura jurídica del “peligro abstracto de fuga”. Además de ser un derecho fundamental de la persona optar por alquilar o comprar una vivienda –sin que ello conlleve a suponer la existencia de fuga alguna– y de que un juez no puede ni debe apartarse de las sentencias emitidas por el máximo intérprete de la Constitución, tal como lo establece el artículo 201° de nuestra Carta Política.

Otros, en cambio, lo ven como una decisión basada en el odio y venganza por parte de la judicatura.

Keiko está sufriendo carcelería porque resulta demasiado incómoda a los intereses del gobierno golpista que encabeza Martín Vizcarra. Rememoremos: en el periodo parlamentario 2006-2011, Alianza para el Futuro obtuvo 13 curules, convirtiéndose así en la cuarta fuerza del Congreso. En el periodo siguiente (2011-2016), Fuerza 2011 obtuvo 37 congresistas, como segunda fuerza del Parlamento. En el último periodo (que culminó con la disolución del 30 de setiembre pasado), Fuerza Popular obtuvo 73 congresistas. Y en estas elecciones complementarias del domingo pasado, contra la opinión de gran sector de la prensa palaciega y sus encuestadoras, el mismo partido político alcanza 15 curules. En todos los casos nombrados, la lideresa indiscutible ha sido –y probablemente siga siéndolo– la señora Fujimori Higuchi.

Precisamente con los resultados de estas últimas elecciones, Vizcarra conoce bien que un Congreso fragmentado ahondará no solo la brecha existente al interior del primer poder del Estado, sino que además no le servirá para tratar proyectos de ley que necesiten ser aprobados (sin revisar, por supuesto) inmediatamente. Sabe también que con su popularidad alicaída (la aparición del FREPAP es la muestra de que la encuestocracia solo sirvió para medir la intención de voto en la población urbana y a través de las redes sociales, y no en el interior del país) y sin resultado alguno que mostrar (ejemplo de ello fue el dantesco incendio provocado por un camión de gas en el distrito capitalino de Villa El Salvador, con la lamentable cifra de 16 fallecidos y sin autoridades responsables hasta el momento), la población perderá la paciencia y su hasta hoy imagen de gran gestor decaerá definitivamente.

Vizcarra usa y abusa de nuestra cada vez más frágil democracia. Las entidades públicas que por excelencia son llamadas a ser autónomas, como el Ministerio Público y el Poder Judicial, hace rato que no lo son. Están subyugadas al poder de turno. En la Fiscalía, su titular se muestra temerosa a tomar decisiones en procura de la defensa de la legalidad que señala su propia Ley Orgánica y hace, en cambio, una férrea defensa al cuestionable Equipo Especial Lava Jato. Más aún, la Junta de Fiscales Supremos –máxima instancia– se encuentra literalmente “atada de manos” no solo por quien la preside (la propia fiscal de la Nación), sino porque sus demás integrantes están de alguna manera coaccionados por investigaciones judiciales que a todas luces son inexistentes.

Mientras, en el Poder Judicial el presidente Lecaros afronta recientemente una investigación (quien lo diría) de parte de la señora Ávalos por presunto delito de omisión de denuncia (irónico es que, hasta algunos días, ambos se estrechaban las manos al haber sido miembros de la otrora Comisión Especial de la JNJ).

Uta Thofern dijo: “La democracia necesita tiempo, y es una ardua búsqueda de consenso y equilibrio entre los diferentes intereses […] Si todas las normas se dejan de lado, lo primero que surge es el caos, seguido, en la mayoría de las veces, de la imposición de la ley del más fuerte. Y eso no es precisamente justicia”.

Efectivamente, Keiko ya está en la cárcel, pero en algún momento saldrá en libertad –sea porque la propia justicia ordinaria o el propio TC así lo dispongan– más que por su propio deseo sino por no existir razón técnica jurídica alguna que hubiere ameritado su encarcelamiento.

Confiemos (hagámoslo una vez más) en nuestra justicia, incluyendo en el TC, pues ella es y debe ser más grande que todos los problemas que afrontamos como sociedad.

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