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Keiko da la salida

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La censura de Walter Martos sería, en mi opinión, ese agotamiento de todos los recursos políticos y jurídicos que reclama la líder de Fuerza Popular para restablecer el equilibrio de poderes quebrado por Martos al hacer deliberar, ante las cámaras, a las FF. AA. y policiales a favor de la política del gobierno de turno. 



Es evidente que la vacancia ya no va al haberle bajado el dedo los principales jefes de los partidos políticos representados en el Congreso. El “dueño” de APP dejó sola a su bancada que, escuchado el ucase, dará la voltereta para explicar lo inexplicable: cómo cambiaron de opinión de la noche a la mañana.

Otras fuerzas políticas irán reaccionando ante la evidente aplanadora del régimen que en 24 horas ha logrado alinear a casi todos los medios de comunicación, opinólogos, periodistas e instituciones como la Defensoría, que se ha convertido en el nuevo Tribunal Constitucional –¿han leído su comunicado? –, descalificando la constitucionalidad que le asiste al Congreso en su derecho político de iniciar un proceso de vacancia. Así las cosas, Acción Popular y UPP, los principales promotores de la vacancia, se van quedando solos, pese a las incontrovertibles afrentas lanzadas al Congreso por el Poder Ejecutivo y el gobierno, amén del contenido delictivo de los audios de la vergüenza, que exigían una EXPLICACIÓN FORMAL y una defensa del presidente ante la representación nacional, en un juicio político de quien, no hay que olvidarlo, está a cargo de “garantizar” elecciones libres y transparentes.

También ha sido contundente el mensaje de la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que se ha pronunciado en contra de la vacancia y ha invocado a agotar todos los recursos políticos y jurídicos antes de llegar a ese extremo, sin duda haciendo una introspección de la actitud que llevó a su defenestración como fuerza política en el anterior Congreso al que Vizcarra disolvió con un golpe de Estado, orquestado por los mismos que hoy lo defienden. Porque, vamos, si es cierto que la vacancia se ha diluido y el presidente es inimputable, alguien tiene que responder por sus actos hasta que se vaya. Eso dice la Constitución.

En otras palabras, lo hecho por Martín Vizcarra no puede quedar impune y alguien se tiene que ir a su casa. Y ese es el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos. El Congreso debe censurar al gabinete. Y lo debe hacer no solo porque es responsable político de los actos del presidente, sino porque el premier ha involucrado a las FF. AA. y policiales en una suerte de golpe blanco contra el Congreso, al hacerlas participar en la coreografía de un mensaje a la nación, flanqueado del ministro de Defensa y la ministra de Justicia, despotricando contra la representación nacional y acusándola sin ninguna prueba de una conspiración sediciosa que obedece a “intereses subalternos” que nunca mencionó, así como tampoco quiénes son los complotadores con nombre y apellido.

El primer ministro –en representación del presidente y de todo el gabinete– le lanzó un bofetón al Congreso que no puede quedar impune. A diferencia de la vacancia presidencial, los ministros se pueden ir a su casa sin siquiera expresión de causa si son censurados por el Congreso. Ni siquiera necesitan ser interpelados.

La censura de Walter Martos sería, en mi opinión, el agotamiento de todos esos recursos políticos y jurídicos que reclama la líder de Fuerza Popular para restablecer el equilibrio de poderes quebrado por Martos, al hacer participar a las FF.AA. y policiales en una intentona golpista de claro carácter intimidatorio contra el primer poder del Estado, violando la Constitución y al hacerlas deliberar para las cámaras a favor de la política del gobierno de turno.

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