“Justicia” de luz, cámara y rating

La nueva equivocación que ha cometido el Poder Judicial peruano contra una ciudadana a la que se acusó nada menos que de haber secuestrado un bebé nos debiera llevar —de una vez por todas— a replantear todo el sistema judicial con la misma urgencia con la que hoy enfocamos el sistema de seguridad ciudadana.

Al final, ambos son parte de lo mismo: del sistema de seguridad jurídico-coercitivo que, como monopolio del Estado, es columna vertebral de todo el ordenamiento de un país que mínimamente aspire a ser civilizado.

Desde septiembre del año pasado, Delia Flores purgó cárcel por el solo hecho de ser señalada por otra señora a la que le raptaron lamentablemente a su bebé. La prensa, inmediatamente (como suele hacerlo sin mayor reflexión), la “condenó” de antemano levantando mediáticamente la noticia con un sesgo acusador. Y ahora el Estado ni siquiera formula una disculpa aunque, en realidad, debería ser demandado por una millonada por esta negligente manera de actuar.

Lo peor es que el caso de Delia se suma al de Eva Bracamonte, quien luego de un proceso judicial ultra mediático que la mantuvo cautiva prácticamente diez años, exponiendo toda su vida íntima al escarnio popular, fue absuelta como inocente. ¡Al cabo de una década!

Y podemos seguir: ¿recuerdan a Paul Olórtiga, esposo de la cantante Edita Guerrero, acusado de matar a su esposa y “descuartizado” mediáticamente? Se probó que era inocente pero hasta ahora no se termina de cerrar su caso.

O el caso de Rosario Ponce, también super mediático, a quien el padre de su entonces enamorado Ciro Castillo le montó una persecución policial, judicial y mediática por más de un año,  acusándola de asesinar a su hijo. Todos hicieron rating y ahora el padre será candidato al Congreso. 

Estos son los casos mediáticos. ¿Y qué pasa con los NN que padecen lo mismo? ¿Quién devuelve estas vidas? ¿Quién resarce las dignidades? ¿Quién asume públicamente la parte de responsabilidad que les toca?