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Juego sucio

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¡Qué tales bestias!: en plena campaña, reforman Ley de Partidos mientras Ejecutivo y Legislativo se tiran la pelota.



Por insistencia del Congreso y en pleno proceso electoral, el Poder Ejecutivo ha publicado una norma que reforma la Ley de Partidos Políticos. En este tema, el gobierno se ha pronunciado a través del presidente del Consejo de Ministros declarando inoportuna esa reforma y, sin embargo, es al gobierno que le cabe la responsabilidad de haberla publicado más de un mes después de que el Congreso insistiera en su promulgación.

De haberlo hecho de inmediato, hoy tendríamos un panorama más claro pues los órganos electorales y constitucionales ya se habrían pronunciado de haber sido requeridos para ello por los afectados. No olvidemos que no hay ley si no está publicada.

Como resulta evidente para cualquiera, la norma altera las reglas de juego preestablecidas convirtiéndose en un elemento perturbador de las elecciones generales: por ejemplo, varios candidatos al Congreso no podrían postular por no haber renunciado a sus partidos de origen con la anticipación que establece la nueva norma.

Se quedarían fuera, entre los más célebres, Marisol Espinoza (hoy APP), Lourdes Alcorta y Luis Galarreta (hoy FP), Rogelio Canches, entre otros. También las alianzas electorales la tendrán más difícil, pues para superar la valla del 5% y no perder la inscripción se necesitará 1% más por cada partido o movimiento que la integre, por lo que en vez de alentar la cohesión del voto a través de las alianzas la norma promueve su fragmentación.   

Así las cosas, al fragor propio de las campañas electorales se va a agregar un debate jurídico-constitucional sobre si la norma vulnera o no los derechos políticos de quienes pretenden acceder a cargos públicos por elección popular y que están en la imposibilidad de cumplir con los requisitos que se les exige con la publicación, dos días antes del cierre del plazo para que los partidos elijan a sus candidatos congresales.  En simple, nos encontramos ante el escenario de la incertidumbre jurídica, el peor posible en una elección general.

¿Puede el Jurado Nacional de Elecciones desconocer la norma como sugiere el secretario general de Transparencia o solo le queda aplicarla? ¿Cuál será la interpretación del Tribunal Constitucional si es requerido y cuánto demorará en fallar?  

Tal situación no hace sino revelar la absoluta incompetencia de nuestras autoridades tanto en el Legislativo (que insistió con la ley en diciembre) como en el Ejecutivo (que la publicó tarde, en enero). Esperemos que el próximo 10 de abril, el electorado sancione con su voto a los responsables.

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