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#LoMásLeído JNJ: un mal comienzo

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Paradójico. Al fiscal supremo Pablo Sánchez nunca le preguntaron por una reunión con periodistas pagada con nuestro dinero, mientras que la sostenida por Chávarry fue gratuita.



El presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Aldo Vásquez, se ha prodigado por todos los medios de comunicación. Presenta a su institución, reemplazante del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), como absolutamente objetiva. Pero Vásquez -quien sacó la puntuación más alta en el proceso de selección de la JNJ– no es del todo imparcial. Ha tenido un cargo político: ministro de Justicia durante el gobierno de Ollanta Humala.

En tal posición ¿vio la corruptela de Humala-Heredia? No hemos escuchado sus críticas. Estando en el cargo defendió a Humala cuando este violó el principio de neutralidad electoral. Recibió indicaciones del excongresista humalista Gastañadui para que instruyera a una procuradora en una investigación de lavado de activos contra Fuerza Popular.

Pero la prensa del régimen omite preguntarle sobre esta y otras perlas. Es sabido también que varios integrantes de la JNJ tienen una orientación política. Vásquez además declaró en abril de 2019 que “existe un ‘blindaje’ de tipo político del Congreso hacia el exfiscal de la Nación Gonzalo Chávarry” porque se archivó la denuncia sobre el deslacrado de una oficina fiscal.

¡Oh sorpresa! La primera acción de la JNJ es… enjuiciar una vez más a Chávarry, abriéndole un “procedimiento disciplinario inmediato” por no revelar a la prensa una reunión con periodistas. El otro cargo es el famoso deslacrado de la oficina fiscal. ¡Plof!

Y es inmediata porque hay “elementos suficientes sobre la presunta comisión de una falta disciplinaria”. Al vocal supremo César San Martín, que le pidió un favor al “hermanito” Hinostroza, le aplican investigación preliminar. La prensa no lo criticó. El proceso inmediato permite, según el reglamento de la JNJ, suspender al investigado antes de que lo sentencien.

Hay cerca de 100 casos de destitución de magistrados (violación, manipulación de documentos, etc.) pendientes de ser vistos por la JNJ, que vienen del CNM. Pero los objetivos son Chávarry y el fiscal supremo Tomás Gálvez. Respecto a la participación del primero en el tal deslacrado ninguno de los 14 interrogados afirma que este participó.

Es más, se declaró fundada la denuncia por abuso de autoridad contra el fiscal Pérez y el juez Carhuancho por abrir oficinas fiscales sin orden judicial. Pérez, que abusa de la ley, lacró puertas con cargo a regularización posterior. ¡Replof!

No hay ninguna ley que señale que un funcionario está obligado a informar todo a la prensa. Paradójico. Al fiscal supremo Pablo Sánchez nunca le preguntaron por una reunión con periodistas pagada con nuestro dinero. La sostenida por Chávarry fue gratuita.

Habría que ser tonto de capirote o estar parcializado para no advertir que se pretende capturar la junta de fiscales supremos y crear dos plazas afines y obsecuentes con el gobierno. Si la JNJ se ‘palomea’ a Chávarry y a Gálvez, sabremos bien que no tendremos justicia en el Perú.

Foto original: La Razón

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