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Investigación

Martín y Evo: una antigua relación

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Paradójico que el Perú, productor y exportador de gas, tenga ahora que comprárselo a Bolivia, que además tiene evidente interés político particular vinculado a varios gobernadores regionales del sur. Pero como la gran mayoría de medios de comunicación es parte de la coalición que respalda al gobierno, ha pasado sin la discusión que merece.



El reciente acuerdo entre los gobiernos de Perú y Bolivia, suscrito por los presidentes Martín Vizcarra y Evo Morales, para importar gas del país altiplánico ya se veía venir desde hace meses. No obstante, como la gran mayoría de medios de comunicación es parte de la coalición que respalda al gobierno, ha pasado sin la discusión que merece.

El asunto es que resulta paradójico que el Perú, siendo productor y exportador de gas, tenga ahora que comprárselo al país vecino, que además tiene un evidente interés político particular vinculado a varios gobernadores regionales del sur.

Indolencia e ineptitud del gobierno

¿Por qué ocurre esto? Hay varias razones. Primera: como es sabido, el Gasoducto del Sur está paralizado desde el escándalo de corrupción de Odebrecht y, aunque el presidente Martín Vizcarra dice que lo van a construir de todas maneras, no es seguro que lo hagan. Para que sea rentable y no otro elefante blanco pagado por los sufridos peruanos, se requiere que haya una demanda muy grande en el sur que justifique esa tremenda inversión.

La verdad es que esa demanda no existe ahora. El consumo doméstico sumado de todo el sur es insignificante para una inversión tan grande.

Ahora hay dos plantas termoeléctricas duales en Ilo que funcionan con diésel –que es muy caro y poco rentable– pero que también podrían producir electricidad con gas; estas se construyeron con la promesa de Ollanta Humala de que el Gasoducto del Sur las abastecería. De todas maneras eso es insuficiente para justificar la construcción del gasoducto todavía.

Una alternativa –que fue propuesta por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski– es llevar el gas en buques desde la planta de Melchorita, en Cañete, hasta Ilo. Melchorita recibe gas desde Camisea y lo exporta al extranjero en buques tanque. También podría llevarse al sur peruano. No obstante, ese proyecto está durmiendo en el MINEM por la desidia, la indolencia y la ineptitud del gobierno de Vizcarra.

No hay exploración

Lo segundo es que las reservas del gas del Perú están disminuyendo. Para que se construya un gasoducto muy caro tienen que existir reservas probadas en cantidad suficiente. Pero las reservas no crecen porque no hay exploración. Es decir, no es que no haya gas en el subsuelo, sino que para comprobarlo y utilizarlo hay que explorar y encontrarlo. Y la exploración está prácticamente paralizada hoy en día.

Los motivos son conocidos. Cada vez el gobierno pone más trabas, exige más permisos y hace más lenta ya no la explotación de los recursos naturales, sino la búsqueda de los mismos, la exploración. Ahora no solo el MINEM sino también el Ministerio del Ambiente (MINAM) es el encargado de otorgar permisos y allí se concentran funcionarios conocidos como “antiextractivistas”, opositores a la exploración y explotación de hidrocarburos y minerales. El gato de despensero.

El otro motivo relevante son los conflictos sociales. Ante la más mínima oposición, el gobierno del presidente Vizcarra retrocede. Un caso reciente es el de comunidades de Datem del Marañón (Loreto), que rompieron el oleoducto el 18 de junio e impiden que trabajadores de Petroperú lo reparen. Ellos buscan obtener beneficios chantajeando al gobierno.

Siguen el ejemplo de la comunidad de Mayuriaga que hizo lo mismo: rompió el oleoducto, derramó petróleo y obtuvo todo lo que quería del timorato gobierno de Martín Vizcarra. Ellos cometieron un gravísimo delito ecológico pero, por supuesto, quedaron impunes, respaldados por ONGs que dicen defender el ambiente pero solo atacan a las empresas formales, que cumplen las reglas y pagan impuestos.

Con el oleoducto cerrado por comunidades que lo rompen –como ocurre cada vez con más frecuencia–, la producción de los lotes petroleros de la selva se paraliza y se generan grandes pérdidas para las empresas productoras. ¿Con que incentivos se van a atraer nuevas exploraciones en ese contexto?

En suma, todo esto desalienta las inversiones: las crecientes trabas burocráticas y los conflictos sociales.

Un reciente comunicado de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) manifestó esa preocupación: “Lo único que está pasando ahora es que cada día importamos más petróleo, se planea comprar gas a Bolivia, la industria ha llegado a sus mínimos históricos, los ingresos de las regiones por concepto de canon se han derrumbado a una tercera parte, principalmente en Loreto, pero el Gobierno les ha ofrecido a las comunidades nativas petroleras darles 10 mil millones de soles entre el 2020 y el 2026. ¿De dónde sacará ese dinero?

[…]

“El gobierno no puede seguir de espectador y dejar que nuestro petróleo y gas se queden enterrados hasta que no valgan nada, eso significará privar a las regiones de la selva y el norte del país de cientos de millones de soles (‘Señor Presidente, con el mayor respeto, es hora de destrabar inversiones en Hidrocarburos’)”.

No obstante, el gobierno es insensible a los argumentos.

La última: perseguir penalmente

Como si fuera poco, ahora un fiscal va a denunciar a los que hicieron posible el proyecto Camisea, gracias al cual el Perú tiene energía eléctrica barata y abundante, muchos hogares tienen gas a domicilio y vehículos usan ese combustible más limpio y económico.

En efecto, el fiscal Walter Delgado Tovar ha reabierto la investigación a Alejandro Toledo y a Pedro Pablo Kuczynski por el mismo caso que ha sido investigado y archivado varias veces. Pero el mal ejemplo de los fiscales de Odebrecht parece propagarse y hay magistrados que quieren hacerse famosos siguiendo ese camino.

El gas de Camisea fue descubierto por la empresa angloholandesa Shell, una de las más grandes del mundo, que invirtió cientos de millones de dólares en el intento. Pero en 1988 la feroz oposición de las izquierdas –que eran muy fuertes en el Parlamento y en la sociedad–, encabezada por los diputados Javier Diez Canseco y Manuel Dammert, logró atemorizar al gobierno de Alan García que paralizó el proyecto. La Shell simplemente se cansó y se fue.

El proyecto fue reactivado por el gobierno de Valentín Paniagua y se pudo materializar en el de Alejandro Toledo, sobre todo gracias al empuje del ministro de Energía y Minas de aquel entonces, Jaime Quijandría.

Si la economía peruana pudo progresar como nunca antes en la historia, con altas y sostenidas tasas de crecimiento, sacando de la pobreza a millones de peruanos y expandiendo enormemente la clase media fue, básicamente, gracias a dos cosas: la minería y el gas.

Sin el gas de Camisea no hubiera sido posible producir masivamente energía para que sacar adelante los grandes proyectos mineros y abastecer las demandas crecientes de la población.

Pero las izquierdas, que frenaron ese proyecto energético en la década de 1980, han querido vengarse de los que lo hicieron posible y los han denunciado reiteradamente desde hace 15 años. Todas esas denuncias terminaron en el archivo. Hoy día un fiscal vuelve a la carga –¡como si no hubieran muchísimos temas de los que ocuparse!- y vuelve a investigar a Toledo y a Kuczynski, ya que Quijandría falleció hace varios años.

Aunque Toledo está prófugo y Kuczynski con prisión domiciliaria por el caso Odebrecht y esta nueva investigación no cambia su situación, la señal a todos los ya temerosos funcionarios públicos es clara: si hacen algo para promover la inversión privada, sobre todo en minería e hidrocarburos, serán perseguidos implacablemente hasta el final de los tiempos.

Una relación antigua

Cuando el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski decidió apoyar la candidatura del peruano Luis Carranza a la presidencia de la Corporación Andina de Fomento (CAF), se coordinó en el gabinete ministerial quiénes hablarían con los gobiernos miembros para conseguir su voto. El ministro de Transportes Martín Vizcarra se ofreció a hablar con el presidente boliviano Evo Morales, con quien tenía una vieja amistad.

Al parecer, la empresa C y M Vizcarra había realizado negocios en Bolivia. Por lo menos eso es lo que se comentó entre los ministros. En octubre de 2016 Vizcarra viajó a Bolivia.

De hecho, las relaciones de Vizcarra con los vecinos eran muy buenas. Por ejemplo, en noviembre de 2016 suscribió un memorándum de entendimiento con el Ministerio de Obras Públicas de Bolivia para desarrollar el Corredor Ferroviario Bioceánico Central (CFBC). En enero de 2017 viajó junto con su par boliviano a Alemania para promover la viabilidad del CFBC.

Carranza fue elegido presidente de la CAF en diciembre de 2016.

No debería sorprender, pues, la especialísima relación de Vizcarra con el presidente boliviano. El problema es que cuando ese afecto lleva a compromisos que podrían ser perjudiciales para el país.

Foto: ASPB.gob.bo

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