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Investigación

Algunas de las mentiras de Lava Jato

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Ni Odebrecht ni ninguno de sus funcionarios admiten que dinero de Caja 2, que financiaba campañas y pagaba sobornos, tenga origen ilegal. Si esto es así, las acusaciones contra políticos que recibieron para sus campañas en 2011 no tienen sustento; a diferencia de las de Toledo y Villarán, quienes recibieron millones siendo funcionarios públicos.



Las autoridades peruanas que interrogan a los funcionarios y exfuncionarios de Odebrecht en Brasil “se comprometen expresamente a no procesar civil, administrativa o criminalmente” a esos testigos “ni a cualquiera de las empresas del grupo Odebrecht”. Así lo establece el acta de cooperación internacional Perú-Brasil en el caso de las recientes declaraciones de Hilberto Silva, y es idéntica a la de los otros testigos.

La pregunta es, entonces: si existe ese compromiso, ¿para qué firmaron el acuerdo con Odebrecht que según varios de sus críticos favorece a la empresa? ¿Acaso es para permitir, a cambio de una indemnización relativamente pequeña –pagadera en quince años–, que Odebrecht pueda llevarse miles de millones de dólares de los negocios que todavía tiene en el Perú? ¿Y para limitar las responsabilidades de Odebrecht a solo cuatro casos excluyendo, por ejemplo, todas las obras en el gobierno de Ollanta Humala y Nadine Heredia?

Es decir: según esas actas de cooperación, que se suscriben antes de la declaración de cada testigo, ellos y la empresa Odebrecht ya están protegidos de cualquier imputación que se les pueda hacer en el Perú. El acuerdo con Odebrecht –todavía en evaluación en el Poder Judicial– parece tener otra finalidad: limitar las acusaciones por obras corruptas a unas pocas, excluyendo otras y a la vez disminuir la reparación civil que tendría que pagar la empresa brasileña. De hecho, Odebrecht ya vendió la hidroeléctrica de Chaglla a los chinos y todavía tiene activos en Olmos, Chavimochic, la Interoceánica y el Gasoducto del Sur.

También en el interrogatorio a Hilberto Silva se supo que la fiscalía peruana no tiene acceso al software de My Web Day de Odebrecht, y que es difícil que lo tenga en el futuro.

Eso implica que el fiscal José Domingo Pérez no dijo la verdad cuando declaró el 17 de febrero, para justificar el acuerdo con Odebrecht, que ya tenían acceso a ese software:

“En declaraciones al dominical Cuarto Poder, el integrante del Equipo Especial para el caso Lava Jato comentó que luego de la firma del acuerdo de colaboración con Odebrecht, podrán acceder sin restricciones a los sistemas My Web Day y Drousys, utilizados por los funcionarios de la empresa brasileña” (“Fiscal Pérez Gómez dijo tener claves de sistemas usados por Odebrecht para ocultar coimas”, RPP, 18.2.19).

Lo más importante es, sin embargo, que ni la empresa Odebrecht ni ninguno de sus funcionarios admiten que el dinero de la Caja 2, que era usado para financiar campañas y pagar sobornos, tenga un origen ilegal. Ellos dicen que de las ganancias legales de Odebrecht en todo el mundo se destinaba un porcentaje (podía ser el 3.5%) para esa Caja. Otra cosa es que la finalidad, en algunos casos, fuera ilícita, como cuando se usaban esos fondos para pagar sobornos a funcionarios públicos.

Si esto es así –y hasta ahora nadie demuestra lo contrario– las acusaciones contra los políticos que recibieron dinero de Odebrecht para campañas electorales en 2011 no tienen sustento, porque en ese momento no constituía delito recibir dinero y no declararlo, salvo que el origen de la plata fuera ilegal (narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, etc.).

Sería otra mentira, entonces, de los fiscales que han acusado a algunos –no a todos– de los que recibieron aportes de Odebrecht para sus campañas. Además, no hay manera de que la fiscalía peruana pueda demostrar que el dinero de la Caja 2 era de procedencia ilegal. Solo las autoridades brasileñas podrían eventualmente hacerlo.

Son distintos los casos de Alejandro Toledo y Susana Villarán que recibieron millones de dólares siendo funcionarios públicos, presuntamente para favorecer a esas empresas con obras públicas.

Pero la justicia y las pruebas son algo que no parece preocupar a los fiscales y jueces del caso Lava Jato, ni a la coalición vizcarrista de la cual forman parte, como lo demuestra el caso de la exvoleibolista Jéssica Tejada, que fue recluida 28 meses en la cárcel sin prueba alguna y que ahora ha tenido que ser liberada.

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