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Informalidad: envueltos en un círculo fatal

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Si para hacerlas pasar por el aro de la legalidad al Congreso o al Ejecutivo le toca eliminar o por lo menos sacar temporalmente a la mayoría de empresas informales de la economía, estarían enfrentando un cuasi suicidio político al que ninguno está dispuesto a arriesgarse.



La informalidad es un problema muy complejo que requiere de muchas acciones en paralelo, no solo relajar la legislación laboral o poner incentivos tributarios tipo RER o RUS relativa a MYPES. Las actividades informales (e ilegales) están hoy perforando la esencia misma de lo poco que queda de formalidad, de la misma manera en que el terrorismo de los años ochenta entró a esa Lima que veía en el terrorismo algo lejano que no le tocaba la puerta de la casa.

La informalidad y todas sus variantes ilegales nos están literalmente empujando hacia una situación de la que no podremos salir si no hacemos algo pronto. La informalidad/ilegalidad es en ese y en todo sentido peor que el terrorismo asesino, ya que se infiltra casi silenciosamente y mata al final (cuando ya es muy tarde).

Existe una comprobada y muy estrecha relación entre informalidad y productividad. Al respecto, Iván Alonso ha hecho un interesante análisis que mide de acuerdo a diferentes criterios las diferencias de productividad formal e informal en empresas y llega a la conclusión de que esta es de once veces entre una y otra (si medimos el valor agregado entre el número de trabajadores).

La mayoría de MYPES no cumpliría con mínimos estándares de productividad exigidos por la formalidad y serían obligadas a salir del mercado si esta se les impone. Como quedó demostrado con la trágica muerte de esos pobres trabajadores/esclavos calcinados en el mercadillo de Las Malvinas, muchos empresarios no son tan emprendedores como nos gusta pintarlos, y aprovechan más bien las debilidades institucionales de nuestro sistema para mantenerse y sacar provecho.

Además el carácter contracíclico de la informalidad, es decir, su capacidad para adecuarse en épocas de recesión o crecimiento —a crecer o reducirse respectivamente— la hacen igualmente inmune a la intervención de nuestros políticos, quienes no precisamente brillan por su capacidad de ver las cosas a largo plazo.

Las razones de esa lenidad están claras: el aporte productivo del sector informal a la economía, medido según diferentes economistas, varía desde 30% hasta 66% si incluimos la economía ilegal (narcotráfico, tala, minería, tráfico de terrenos etc.). Si para hacerlas pasar por el aro de la legalidad al Congreso o al Ejecutivo le toca eliminar o por lo menos sacar temporalmente a la mayoría de esas empresas de la economía, ambos estarían enfrentando un cuasi suicidio político al que ninguno está dispuesto a arriesgarse: mucho menos nuestros políticos que parece nunca llegarán a entender que la única manera de predecir el futuro es creándolo.

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