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Inaudito atropello

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Es más fácil tener la convicción de que la fiscalía no ha separado la paja del trigo que creer que TODOS los árbitros, esto es, los dieciséis, estén involucrados en un chanchullo con Odebrecht.



A uno de los fiscales del caso Lava Jato se le ha ocurrido el despropósito monumental de pedir prisión preventiva de 36 meses para todos aquellos árbitros que alguna vez laudaron en algún caso entre el Estado y Odebrecht. Estos suman nada menos que dieciséis.

La cantidad de letrados involucrados por la fiscalía en el furor carcelario (varios de ellos prestigiosos catedráticos universitarios y académicos internacionales) pone en tela de juicio  la medida por una razón muy simple. Es más fácil tener la convicción de que la fiscalía no ha separado la paja del trigo que creer que TODOS los árbitros –esto es, los dieciséis– estén involucrados en un chanchullo con Odebrecht. Aquí, según mi modo de ver, ha pasado lo que siempre pasa en el Perú. El fiscal, incapaz de investigar los dieciséis casos con los recursos que tiene a mano, se ha curado en salud y los ha metido a todos en el mismo saco, aunque sepa que en el cálculo de las probabilidades de esos dieciséis haya varios inocentes.

Los abogados, más allá de su experiencia y ciencia, fundan una carrera de vida profesional exitosa en su reputación que está íntimamente ligada a su credibilidad. Es, por eso, un atropello que se juegue con el nombre de alguien al amparo de la histeria colectiva que quiere ver “cuellos blancos” por todas partes.

Personas que han dedicado su vida a la docencia y cátedra universitaria, y son reconocidos autores nacionales e internacionales en sus materias, no pueden –salvo que existan indicios indubitables– pasar por el callejón oscuro del oprobio carcelario porque un fiscal no tiene el tino suficiente para ejercer su función.

El juez decidirá la suerte de esos dieciséis árbitros. Le toca hacer justicia y, si hubiera duda razonable sobre algunos de ellos, proceder en lo correcto sobre el arraigo solicitado por el fiscal. En un Estado de derecho, el honor y el buen nombre de una vida no puede pasar por un pelotón de fusilamiento.

Imagen: www.microjuris.com

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