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Humala sigue el camino de Nixon

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Burdo intento de despedir a procuradora pone al gobierno al borde del abismo.



El gobierno está empeñado en desaparecer de escena a la procuradora Julia Príncipe, en un intento por deshacerse de un personaje incómodo para los intereses de Nadine Heredia en el caso de lavado de activos que se le imputa. Como la procuradora forma parte de la estructura del Poder Ejecutivo, el gobierno ha echado mano de todo el poco poder que todavía le queda para acallarla con una serie de normas desempolvadas para el efecto y que le impedirían declarar sin permiso del ministro de Justicia.

Lo que se busca es una sanción a Príncipe que permita su destitución o alejamiento voluntario del cargo. Príncipe ya adelantó que no renunciará frente a la ola de acusaciones que enfrenta desde el propio Poder Ejecutivo —el cual en circunstancias normales debería apoyarla en su labor— y que ha puesto a su jefe, el ministro de Justicia, a un paso de la censura en el Congreso.

Es bueno recordar que fue un caso muy similar el que selló el destino de Richard Nixon cuando el presidente, perdiendo el último sentido de realidad que le quedaba, se propuso despedir al procurador especial del caso Watergate, Archibald Cox, poniendo en movimiento el engranaje de su propia destitución. Se había descubierto que Nixon grababa sus conversaciones en la Casa Blanca y el Senado le exigió que las entregara en el contexto de las investigaciones. Nixon se negó alegando que lo amparaba la inmunidad presidencial. El Senado lo amenazó con un juicio político por obstrucción de la justicia.

Nixon, asustado, creyó encontrar un punto medio. Su plan era que el procurador especial del caso, que dependía jerárquicamente del ministro de Justicia, escuchara las cintas e hiciera un “resumen” para el Senado en comandita con un “senador amigo”.

Con lo que no contó el presidente de los Estados Unidos fue que Archibald Cox se negara de plano al requerimiento. Era el 19 de octubre de 1973. Entonces, sucedió el estallido. En la noche del sábado 20 de octubre Nixon, furioso, llamó por teléfono al ministro de Justicia Elliot Richardson para que despidiera a Cox. El ministro se negó y renunció alegando que se trataba de un claro abuso de autoridad del presidente en el que no quería involucrarse. Seguidamente, renunció el viceministro de Justicia para no cumplir con las órdenes de Nixon. Al enterarse de lo acontecido, Nixon, lejos de amilanarse, llamó al tercero en jerarquía y procurador general de Estados Unidos, Robert Bork, para que cumpliera la orden. Fue Bork quien despidió a Cox para escándalo de todo un país que consideró que, desde ese momento, Richard Nixon debía irse a su casa. Fue lo que se bautizó como “la masacre del sábado por la noche”.

Aquí está en tela de juicio el ministro de Justicia con una moción de censura presentada en el Congreso por sus intentos de acallar a la procuradora. Si el gobierno quiere que esta moción sea la única que prospere y que el ministro cumpla con su papel de fusible, pues debería cesar en sus intentos de silenciar y acosar a Príncipe. De lo contrario, no será el ministro de Justicia el único chivo expiatorio de este despropósito político descarado, sino el propio presidente.

La pita está por romperse y un gobierno en descomposición se empeña en jalarla. No hay que ser adivino para saber cuál será su triste destino si sigue por esa vía.

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