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Humala se salva de una acción de amparo

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Señor diputado, la ley de la gravedad impide la ejecución del puente. Entonces dijo el diputado: "Deroguemos esa ley"



Con motivo de la aprobación por insistencia del proyecto de Ley que viabiliza el 25% de los aporte a las AFP para cuota inicial para vivienda y el 95% de los aportes totales para libre disponibilidad —en cuanto a los ciudadanos incursos en el Régimen Especial de Jubilación Anticipada (REJA)— el ministro de Economía ha tenido una desafortunada intervención.

Alonso Segura pretendió formular una acción de inconstitucionalidad sin saber que esa acción, según el inciso 4 del artículo 200 de la Constitución, solo procede contra normas con rango de ley, es decir, leyes que contravengan la Constitución en forma o en fondo.

Desconoce el ministro de Economía, a la manera de ese diputado que quería derogar la ley de la gravedad, que la norma al no ser publicada no rige y por lo tanto no puede ser invocada tal acción de inconstitucionalidad sobre algo que no existe.

Aún más, en el supuesto negado que se refiere al artículo 12 de la Constitución sobre la intangibilidad de los fondos, este desconoce el segundo párrafo del mismo artículo que a la letra dice: “Los recursos se aplican en la forma y bajo responsabilidad que señala la ley”. O sea que los fondos responden a la garantía que la ley les otorga de acuerdo con el artículo 11 referido a la libertad de acceso a prestaciones de salud y pensiones y tal garantía constitucional se desarrolla de acuerdo a ley. Eso se plasma con la dación de la norma aprobada por el Congreso.

En el mismo sentido, el Ejecutivo, tanto el presidente Humala como el ministro de Economía (el que deja al Perú con uno de los peores déficits fiscales de los últimos gobiernos), de no haber publicado la Ley del Congreso —como ha ocurrido ya— hubiera podido enfrentarse a una acción de amparo conforme el inciso 2 del mismo artículo 200 de la Constitución. Pues la acción de amparo procede contra hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución (no la libertad individual del hábeas corpus).

Tales derechos no son otros que la seguridad jurídica; la potestad unívoca del Congreso en la dación de Leyes; el derecho de los ciudadanos a la libertad de sus aportes, a la propiedad y la herencia y la separación de poderes.

En conclusión, hubiera sido perfectamente plausible presentar una acción de amparo contra la omisión del Ejecutivo a publicar oportunamente la norma incoada. Habiéndolo hecho hoy, el gobierno se ha salvado de cometer un papelón más.

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