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Humala, el negligente

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AFP: ¡Ay de aquel que hoy gobierna de espaldas al pueblo!



La libertad es el primer derecho del hombre y todos sabemos que, consecuentemente, ello nos lleva a una decisión común de vivir en sociedad. Hasta aquí Perogrullo. Pero hoy vuelven las voces, agitadas por algunos espíritus mercantilistas, a considerar que los peruanos adultos somos seres infrapensantes que no podemos disponer libremente de nuestros aportes “privados”, ya que ello sería riesgoso para el futuro empobrecido de un sector poblacional. 

Aún más: se estaría postergando la publicación de la Ley ya aprobada y sacramentada por el Congreso, para maniobrar una acción de inconstitucionalidad en acuerdo con el artículo 12 de la Constitución en lo que se refiere a la intangibilidad de los fondos previsionales.

Es aquí donde surge la falaz negligencia del ministro Segura y de Humala. El Ejecutivo pretende ponerse por encima de la ley e incluso pretende desconocer el párrafo segundo de la norma que ellos mismos invocan en cuanto a que “Los recursos se aplican en la forma y bajo responsabilidad que señala la ley”. Es decir que, habida una norma que establece la libertad de los afiliados a elegir el mejor parecer respecto de  sus aportes privados, el Ejecutivo pretende ahora paternalizar un derecho universal reconocido por el mismo Estado, subyugando al ciudadano en la decisión de disponer de su propio peculio y privilegiando el dominio de las empresas de pensiones, cuando incluso la norma ya determina un porcentaje para la previsión social en materia de salud.

Ello los hace pasible de una acusación constitucional adicional a todas las que se les vienen.

Ya tuvimos un ejemplo similar de “metida de pata” que hoy Iberico, espero que no por presiones, ha cometido. Fue con respecto a las gratificaciones… y qué bien observó José Cevasco en cuanto a que solo le corresponde a la Presidencia enumerar decretos y enviar a El Peruano la norma.

Aquí, pues, hay una secuencia de negligencia y de violación al mandato constitucional referido a no legislar, que aquí es no maniobrar en razón de personas y particularmente de presión de grupos económicos.

En todo caso, el Ejecutivo puede proceder con su demanda de inconstitucionalidad sobre una ley publicada pues no puede sobre una que no rige. Así estamos de incoherentes con un gobierno de salida que hace rato ya no da pie en bola.

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