Connect with us

Opinión

Honduras: un golpe de Estado permitido por la OEA

Publicado

el

Cuando la diplomacia no actúa frente a la violación de principios fundamentales --como un golpe de Estado ejecutado a través de la reelección ilegal de un mandatario-- se convierte en cómplice silente o corresponsable de sus consecuencias.



Cuando un mandatario reforma o desconoce la Constitución para forzar una reelección, prohibida por las normas legales existentes cuando lo eligieron, no solo ejecuta un golpe de Estado sino que abre las puertas a la violencia y a la inestabilidad. Así ocurre en Honduras: miles de manifestantes continúan repudiando a Juan Orlando Hernández, electo para gobernar por un solo período y expresamente impedido de prolongar su mandato.

Así lo establece la Constitución de 1982 en su artículo 239: “El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Designado. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que la apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos, y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de la función pública”. Y tal artículo se complementa con el 374, que precisa:”No podrán reformarse, en ningún caso[…] los artículos constitucionales que se refieren al periodo presidencial, a la prohibición para ser nuevamente presidente de la República, el ciudadano que lo haya desempeñado bajo cualquier título y el referente a quienes no pueden ser Presidente de la República por el periodo subsiguiente”. Mayor claridad, imposible.

Hernández –electo para el período 2014-2018– no podía postular para el ejercicio 2018-2022, pero lo hizo. ¿Cómo saltó a la garrocha la Carta Fundamental?

Muy simple: apeló a una dócil Corte Suprema, que emitió una resolución expresando que impedir la postulación de Hernández atentaba contra sus derechos civiles –el mismo argumento tracalero que utiliza Evo Morales en Bolivia para intentar una cuarta reelección– a pesar de estar impedido por la Constitución y por un referéndum. Es decir, en Honduras, un grupo de magistrados incondicionales al régimen usurpando funciones resolvieron imponer su criterio sobre la Carta Fundamental votada por el pueblo y por el Congreso, a sabiendas de que un recurso de inconstitucionalidad solo puede utilizarse para impugnar una ley que contraviene la Carta Magna.

Hernández, sin embargo, postuló y ganó en comicios tachados de fraudulentos y observados por los veedores de la OEA.

Honduras es un país pequeño, de 112 mil km2 de extensión, con una población de 9 millones y 68% de pobres. Además, reportan el más alto porcentaje de homicidios en el mundo; de esa zona provienen las bandas criminales Mara Salvatrucha y Barrio 28, conocidas internacionalmente por sus tatuajes y extrema crueldad.

Nos preguntamos: ¿porqué este tema no fue analizado oportunamente por el Consejo Permanente  de la OEA o por el Comité Jurídico Interamericano? ¿Porqué no aplicaron al ilegítimo gobierno de Tegucigalpa la Carta Democrática? ¿Será quizás porque el gobernante es un político de extrema derecha, apoyado por los Estados Unidos?

Cuando la diplomacia no actúa frente a la violación de principios fundamentales –como un golpe de Estado ejecutado a través de la reelección ilegal de un mandatario– se convierte en cómplice silente o corresponsable de sus consecuencias.

Seguir leyendo
Click para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Opinión

Imposible disfrazar el golpe de Estado

Seguir leyendo

Opinión

El ingeniero constitucionalista

Seguir leyendo

Opinión

#LoMásLeído 1: Resumen de una semana infame

Seguir leyendo

Tendencias

Director: Ricardo Vásquez Kunze.


Contacto: [email protected]

Copyright © 2019 Todos los derechos reservados a favor de Político.pe. Aviso Legal. Desarrollado por Smart! Grupo Creativo