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Hay que manejar la reconstrucción, pero sobre todo las expectativas

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La ayuda estatal debe concentrarse únicamente en los sectores vulnerables.



Cuando se habla de reconstrucción después de un desastre natural se toma como referencia el sismo de Pisco en el 2007, considerándolo un mal ejemplo. Ahora que enfrentamos otra emergencia causada por la naturaleza, conviene reflexionar sobre cómo gestionar un proceso como tal.

Una primera cuestión es determinar qué es lo que le corresponde reconstruir al Estado y qué a las personas afectadas. Para responderla, conviene definir los aspectos de infraestructura y servicios públicos afectados que deben ser rehabilitados.

En cuanto a los servicios públicos de electricidad, agua potable, telefonía, suministro de gas natural, etc., encargados a prestadoras públicas y privadas especializadas, la restitución y rehabilitación de los servicios públicos las efectuarían las prestadoras utilizando los seguros que deberían tener contratados. Y si por alguna razón este no fuera el caso, las prestadoras tendrán que afrontar estas inversiones con sus propios recursos. El Estado, a través de los organismos reguladores, debe fiscalizar que esto se ejecute en los términos de cobertura y calidad que prevén los sistemas tarifarios. No se deberían utilizar recursos del Estado en este proceso.

En cuanto a la infraestructura de uso público —carreteras, puentes, hospitales, colegios, sistemas de drenaje, etc.—, esta es claramente responsabilidad de los distintos estamentos del Estado. En aquellos casos en que el servicio se venga prestando a través de un concesionario, los costos de la reconstrucción también deberían ser cubiertos por este usando los recursos que recuperarán de sus seguros. Solo en el caso de que estos sean prestados directamente por el Estado y que no estén cubiertos por seguros corresponde que se destine recursos públicos.

Es evidente que la distribución tendrá que darse a nivel local, regional o nacional y esperable que las necesidades resulten mayores a los presupuestos. Habrá entonces que disponer de recursos adicionales desde lo nacional para proveer a los otros niveles.

Hasta este punto, la asignación de responsabilidades es clara, pero se hace más complicada cuando se trata de bienes de carácter privado: viviendas, fincas, sistemas productivos, etc. Naturalmente, la responsabilidad corresponde a sus propietarios, quienes habrían de proteger sus bienes mediante seguros privados. Dado que estos no son una práctica común, nos encontraremos ante una situación en que la mayoría no tiene asegurados sus activos y su expectativa será que el Estado los asuma con recursos públicos.

El Estado no puede asumir tal responsabilidad por los ingentes recursos que de demandaría: la ayuda estatal debe concentrarse únicamente en los sectores vulnerables. El bono de Pisco que tanto se sataniza tenía este buen propósito; lamentablemente, una indebida focalización y un deficiente diseño lo hicieron un fracaso.

Las acciones a tomar en el corto plazo deberán incluir: (i) Evaluación detallada de los daños según los distintos niveles de responsabilidad —público en los tres estamentos y privado— mediante empresas especializadas; (ii) identificación de las responsabilidades en la reconstrucción por los distintos actores; (iii) priorización y secuencia de la reconstrucción a fin de priorizar los presupuestos; y, finalmente aunque no menos importante, (iv) comunicación clara a la ciudadanía para evitar una inflación de expectativas, con el fin de evitar que los afectados y los distintos actores, según sus intereses, emprendan una creciente campaña contra la supuesta incapacidad del gobierno de reconstruir la zona afectada.

¿Y las acciones para el mediano y largo plazo? Principamente, el ordenamiento territorial y la ya mencionada obligatoriedad de contratar seguros para la infraestructura pública y privada.

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