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Gas maloliente

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Denuncia sobre nuevo conflicto de interés puede abrir otra gran controversia política para el Ejecutivo.



No bien iniciado el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski, algunos advertimos la urgencia del mismo para delimitar los espacios de acción pública de varios de sus miembros que provenían del ámbito empresarial privado, las consultorías particulares o de la gestión financiera internacional. Sin que esto constituyera un elemento descalificador, resultaba imprescindible abordar qué fronteras impondría la nueva administración para no despertar el más mínimo sesgo de sospecha sobre posibles favorecimientos de intereses a los cuales se sirvió antes.

Basta recordar que para dar inicio a su carrera presidencial, PPK tuvo que renunciar a los directorios de Unión de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston (donde el premier Fernando Zavala fue presidente), Exalmar, Servosa Gas SAC, TRG Managment Perú, Pure Biofuels del Perú SAC y otras tantas empresas extranjeras.

Zavala Lombardi, por su parte, tramitó sus renuncias a los directorios de Backus, Interbank, UPC, COMEX, Enersur y Alicorp. El exministro de Economía Alfredo Thorne hizo lo mismo respecto a diversas consultorías privadas.

Sin embargo, salvo el muy genérico y nada formal primer mandamiento de PPK a sus ministros (“debes ser absolutamente incorruptible”), ninguna pauta específica trazó la línea divisoria. El aeropuerto de Chinchero apenas fue un campanazo respecto a las dificultades del gobierno para persuadir a la ciudadanía que no le brinda una ayudadita a sus allegados.

Ahora ha surgido una nueva denuncia que involucra al ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, en un conflicto de interés: la elaboración de un Decreto Supremo mediante el cual se favorecería a dos concesionarias extranjeras de distribución de gas natural que anteriormente fueron clientes de Tamayo a través de la empresa Macroconsult, la misma que las asesoró para obtener dichas concesiones.

Según la denuncia que ya habíamos escuchado en los corrillos de la V Conferencia de Perú Energía realizada la última semana de mayo—, la propuesta normativa cambiaría las reglas de juego para los proveedores de Gas Natural Comprimido y Gas Natural Licuado quienes complementan a precios competitivos el abastecimiento de este recurso para la industria y estaciones de servicio, obligándolos a pagar una especie de “peaje” a las referidas concesionarias. Resultado: el perjuicio para el consumidor final que, como siempre, se hará del costo de esta “bondad”.

No es posible que tamaña e inexplicable arbitrariedad pase como si nada debajo de las narices del presidente y del premier sin que reaccionen. Será otra cruz de lobbismo a cargar sobre sus hombros. Igual va para el Congreso y, en especial, la Comisión de Energía y Minas. Aquí hay gas maloliente y es imperativo que lo eliminen cuanto antes.

Actualización:

Recibí una amable llamada telefónica del ministro Gonzalo Tamayo quien me precisa que Macroconsult NO brindó servicio de asesoría a las empresas colombianas ganadoras de la concesión de la distribución del gas natural, sino al Estado. Es decir a Proinversión.

En segundo lugar, me indica que el proyecto de DS mediante el cual se establecen nuevas reglas de juego para la distribución del GN que perjudicarían a los comercializadores del GN Comprimido y GN Licuado, no alcanzaría al abastecimiento de las estaciones de servicio sino a la provisión de este recurso a la industria formal, actividad que correspondería a los concesionarios según contrato.

Agradeciéndole al ministro la gentileza de estas precisiones, le manifesté que me ratificaba en advertir que el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski carece de una estrategia para alejar la impresión de realizar lobbys por los múltiples compromisos empresariales y de consultoría en el ámbito privado que han tenido la gran mayoría de sus miembros antes de iniciarse la presente administración. Y que Chinchero les ha dejado una lección muy importante para fijarse sobre qué terrenos se desenvuelven. Finalmente, lo aclarado no exonera la extraña conducta de algunas concesionarias de GN que, incluso, desconocen la autoridad reguladora de Osinergmin tal como nos lo han hecho saber a varios periodistas voceros del organismo. Hay lobbys entre bambalinas y ello no se puede ocultar.

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