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Financiamiento y desigualdad electoral

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El Congreso ha igualado el campo de competencia para que no se distorsione la agenda política y así evitar que temas esenciales queden fuera de la elección. Fundamental es el acceso a los medios de comunicación: el dinero lo otorga y por esa vía también obtiene llegada a la opinión pública.



Finalmente el Congreso abordó el aspecto clave en las democracias que tienen el sufragio como universal como fundamento: el financiamiento a los partidos políticos y a las campañas electorales. Lo ha hecho bajo presión de tiempo y de definiciones y, especialmente, ante las evidencias de corrupción electoral ostensibles en el caso Lava Jato. Las hipotecas políticas y los privilegios obtenidos por financiamiento electoral están a la orden del día y con montos fuertes que acumulan miles de millones de dólares.

La indignación colectiva creciente ha inspirado el debate parlamentario sobre el impacto del financiamiento y su posibilidad de comprar votos y favores. El Congreso respondió positivamente y aprobó la modificación del artículo 35 referido al financiamiento de los partidos políticos, la segunda de las cuatro reformas propuestas por el Poder Ejecutivo. Las calles reclaman a gritos transparencia, y la bancarización de los aportes –aceptada aunque con resistencias– es esencial. El texto sustitutorio implica también la penalización de los aportes ilegales o de oscura procedencia.

Igualmente indispensables son los topes para la propaganda electoral, la determinación del financiamiento político público y privado, además de las sanciones. Es decir, con este paquete podríamos estar ante el fin de la propaganda millonaria en canales de televisión, diarios y radios, mensajes publicitarios que dejan de lado el debate indispensable de las ideas y las propuestas en beneficio del mercadeo político.

Pocos dudarían del impacto que tiene en la democracia la relación entre dinero y poder. Con el dinero se puede desvirtuar la voluntad del pueblo y alterar la competencia con sobornos e influencias. Estamos bien enterados de ello en el país y en todo el continente. Sin embargo, esta discusión nunca ha recibido una relevancia equivalente al peligro que representa. Se trata de disminuir los riesgos de una sociedad gobernada por el dinero y no por las mayorías. Y no de dinero en abstracto sino de los intereses que están detrás.

Regular como lo ha hecho el Congreso significa igualar el campo de la competencia para que no se distorsione la agenda política y evitar que muchos temas esenciales queden fuera de la elección ciudadana. Fundamental en toda elección es el acceso a los medios de comunicación: el dinero lo otorga y por esa vía también la llegada a la opinión pública. Compra votos y favores, y aumenta el carácter clientelar de la elección. Y cuando proviene de fuentes ilegales y oscuras puede jaquear la democracia como lamentablemente ha sucedido.

Quedan pendientes la bicameralidad –entrampada en detalles que pueden quedar para las leyes de desarrollo constitucional– y la no reelección de congresistas. Hay poco tiempo; toca a los congresistas apurar el paso para culminar con las cuatro propuestas y honrar el compromiso de la confianza. Que así sea.

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