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Opinión

Falsa polémica: ampliación de la pena de muerte

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Lo único posible es denunciar el Pacto de San José conforme a su artículo 78, con un preaviso de un año. Trinidad y Tobago lo hizo. ¿Lo hará el Perú por mandato del Congreso?



En estos días y a raíz de las horrendas violaciones cometidas —y por su inevitable repercusión periodística—, muchísima gente está pidiendo el restablecimiento o la ampliación  de la pena de muerte. El domingo pasado fue nuestro ministro de Justicia, quien a título personal se pronunció por su aplicación, pero sin abordar los temas jurídicos que primero deben resolverse para que se amplíe.  Acto seguido, PPK se pronunció en contra manifestando que la Constitución la prohíbe, lo que como todos sabemos es inexacto.

Luego vino una recatafila de pronunciamientos generalmente a favor; incluso polémicas televisivas entre congresistas partidarios y contrarios de la pena máxima. Todos expresaron sus preferencias en un tema controversial que quizás nunca llegue a resolverse. Pero la inmensa mayoría se equivocó, al menos procesalmente, en cual debe ser su correcto enfoque jurídico y legislativo.

En el Perú siempre ha existido la pena de muerte, pero muy restringida. Bajo la Constitución de 1933, vigente formalmente hasta 1979, la pena de muerte solo era aplicable por traición a la patria y homicidio calificado. Ese fue el régimen vigente cuando por primera vez el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada ratificó el Pacto de San José. Luego, al aprobarse la Constitución de 1979, se volvió a ratificar este en la Décimo Sexta Disposición General, incluida la competencia de la Comisión así como de la Corte Interamericana de Derechos Humanas. En 1981, durante el segundo gobierno de Fernando Belaunde, se depositaron en la OEA los instrumentos de ratificación.

La vigente Constitución de 1993 dispuso que la pena de muerte solo se aplique por los delitos de traición a la patria en caso de guerra y por el de terrorismo, conforme a las leyes y los tratados de los que el Perú es parte. Como se sabe, Fujimori trató de salirse de la competencia contenciosa de la Corte pero fracasó en su empeño y esa medida fue primero desconocida para luego ser dejada sin efecto por el gobierno peruano. Esta es la situación en la que nos encontramos.

El Pacto de San José del que el Perú es parte señala en su artículo 4.2 que la pena de muerte “tampoco se extenderá … a delitos a los cuales no se le aplique actualmente”. En los años 1978 y 1979, cuando sucesivamente se ratificó el Pacto de San José, ni en 1981 cuando se depositaron los instrumentos de ratificación, las violaciones en todas sus modalidades no eran sancionadas, como no lo son ahora, con la pena de muerte. Entonces, ¿cómo se puede extender la pena de muerte a las violaciones sin transgredir el Pacto de San José? Eso hoy día constituye un imposible jurídico para el Perú.

En el supuesto de que el Congreso ignore estos elementales factores jurídicos, no creo que haya tribunal de justicia que se atreva a aplicarla en una sentencia. Estamos dando vueltas a la noria. ¿Qué hacer?

Lo único posible es denunciar el Pacto de San José conforme a su artículo 78, con un preaviso de un año que respete las condiciones establecidas en esa disposición. Entiendo que Trinidad y Tobago lo hizo. ¿Lo hará el Perú por mandato del Congreso? Está por verse en el momento de la verdad.

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