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Exterminio

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La comunidad internacional tiene que tomar nota de lo que está sucediendo en el Perú, donde el estado de Derecho, la seguridad jurídica y los estándares mínimos de la administración de justicia predecible y razonable están siendo aplastados con absoluta impunidad.



En los totalitarismos del siglo XX de izquierda y derecha se acuñaban conceptos seudolegales para hostigar, amedrentar, perseguir y exterminar a los opositores políticos. En Estados Unidos el macartismo se enseñoreó del “Comité de Actividades Antiamericanas” para destruir a cualquier ciudadano que tuviera ideas liberales o de izquierda. Se instaló nada menos que en la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos y duró desde 1938 hasta 1975. En las satrapías comunistas, las “actividades antirrevolucionarias” fueron las mazmorras y el paredón de millones de inocentes hasta la caída de esas tiranías con el Muro de Berlín en 1989.

El guion siempre fue el mismo en ambos casos, a saber: forzar la interpretación de conductas a guisa de un censor a una tipología seudolegal en la que cualquiera es culpable sin poder demostrar lo contrario. Bastaba entonces que un fiscal acusase para estar condenado.

Hoy, en el Perú del siglo XXI, estamos viviendo el totalitarismo de la “organización criminal” utilizado por una gavilla ideologizada de abogados (muy poderosa y con ramificaciones internacionales), cuyo único fin es exterminar a los opositores políticos. Esta logia operó hasta no hace mucho desde el Ministerio Público, y entonces asumió el poder el fiscal Pedro Gonzálo Chávarry a quien no han podido sacar pese a haber removido cielo y tierra y hasta amenazado con un golpe de Estado (proyecto del Ministerio de Justicia presentado al Ejecutivo para declarar en emergencia MP y hacer cuestión de confianza, que tuvo que ser negado por el primer ministro “como uno de los tantos proyectos que se presentan a diario”).

La figura de “organización criminal” es una perversión. Ha pasado de ser una tipología de dudosa y cuestionable teoría penal, para convertirse en una simple y llana tipología de exterminación política. Basta que un fiscal determine por sí y ante sí que un grupo político es una “organización criminal” para que se activen una serie de mecanismos de persecución que violan los más elementales derechos humanos sobre los que deben asentarse cualquier ley. Así, la “organización criminal” da pie para que un proceso que debe realizarse en plazos razonables como garantía mínima de la administración de justicia sea declarado “complejo”. A su vez, el “proceso complejo” da luz verde para que las investigaciones duren años y esto, para que los investigados sean puestos en “prisión preventiva” sin acusación fiscal hasta por 36 meses, esto es, tres años con la presunción de inocencia hecha añicos.

Y de ahí la arbitrariedad ya no tiene límites, pues se jala la pita para que todo calce en la criminalización de la política. De esta manera, los partidos políticos cuyo fin es obtener el poder para gobernar, lo hacen para “delinquir” “infiltrando” el Estado. Los asesores y consejeros políticos lo son de una “organización criminal”. Los debates y decisiones partidarias se convierten en conciliábulos para birlar, asaltar y saquear. Y el líder del partido termina siendo el capo de la “organización criminal”.

La finalidad, ya lo he dicho, es el exterminio político de los opositores ideológicos bajo el tamiz de una justicia pervertida. En el caso del Perú, un sector de la fiscalía –al servicio de una ideología y agenda política determinada por organizaciones no gubernamentales con ramificaciones y financiamiento internacional– es el principal sicario de este objetivo totalitario. El cuento de la lucha “anticorrupción” es la mascarada perfecta para este exterminio político, pues para esta logia todos los adversarios políticos son enemigos y por lo tanto “corruptos”.

Aquí interesa un pepino que se criminalice lo que ayer no era ningún delito, como los aportes de campaña por ejemplo. Tampoco que se demuestre que los que recibieron esos aportes –de haberlos recibido, porque eso se tiene que PROBAR– no supieran que los donantes eran criminales, pues cómo podrían sospecharlo de corporaciones internacionales que cotizan hasta en Wall Street. Menos importa que los partidos que habrían recibido las donaciones no hayan ganado las elecciones como para “devolver” el favor. Para eso está el otro sambenito de “lavado de activos”, desde el cual se teje toda una novela de un futuro que no fue.

El golpe de Estado al que he venido haciendo referencia en varios artículos proviene de esas organizaciones no gubernamentales que durante años han copado todas las instituciones del Estado, la prensa y la academia, y que se han servido de la Fiscalía (de la que están siendo desalojadas) como instrumento de exterminio político de opositores, empujando hoy a un gobierno débil a dar un zarpazo antidemocrático al amparo de las encuestas.

La comunidad internacional tiene que tomar nota de lo que está sucediendo en el Perú en el que el estado de Derecho, la seguridad jurídica y los estándares mínimos de la administración de justicia predecible y razonable están siendo aplastados con absoluta impunidad.

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