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Especulación, cárcel y soluciones

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La SNI propone que se haga pública la lista de precios de todas las medicinas que expenden farmacias. También que se permita venta en supermercados de medicinas genéricas que no necesitan receta médica (como el panadol que ha desaparecido o es vendido a precios exorbitantes por el oligopolio).



La bancada de APP, UPP y Podemos Perú han suscrito un dictamen consensuado  para que se modifique el Código Penal, y vuelvan a incluirse las figuras de acaparamiento y especulación como delitos en el contexto de un estado de emergencia. Como toda norma, esta –que será discutida en el pleno de este viernes 22 de mayo– tiene por objeto disuadir con la cárcel las conductas antes mencionadas.

Se trata de castigar con el máximo rigor (la privación de la libertad) a aquellos que hoy, por ejemplo, han desaparecido del mercado medicinas esenciales para el tratamiento del COVID-19 para luego elevar sus precios por las nubes. La intención es buena pero, como dice el refrán, el camino al infierno está plagado de buenas intenciones.

¿La cárcel disuadirá a los especuladores y acaparadores de especular y acaparar? ¿Bajarán los precios y se multiplicará la oferta de medicamentos con los especuladores y acaparadores encarcelados? La respuesta es no, aunque yo particularmente no me oponga dogmáticamente a las sanciones de estas conductas antisociales.

En Estados Unidos, el país capitalista por excelencia, dos hermanos, Matt y Noah Colvin recorrieron los estados de Tennessee y Kentucky comprando todos los envases de alcohol en gel o alcohol líquido que encontraban en su camino. En total se hicieron con un stock de 17 mil botellas, que empezaron a vender a precios exorbitantes en plena pandemia.

Al parecer, los hermanos Colvin tuvieron más visión que la OMS: ni bien se reportó el primer caso de coronavirus proveniente de China en Estados Unidos, en el estado de Washington –y mientras la OMS decía que no era necesario suspender los vuelos provenientes de China–, estos sujetos tuvieron la visión del negocio que se venía y actuaron en consecuencia. Empezaron a vender el alcohol acaparado con precios especulativos a través de Amazon. Muy pronto, esta empresa se dio cuenta y canceló sus cuentas de venta. Pero eso no fue todo.

A los Colvin les cayó el implacable peso de la ley de los Estados Unidos de América, que no es cuestión de juego y que hasta ha deshecho imperios como el de la FIFA. La fiscal general inició un proceso de investigación y los hermanos, presas de pánico, donaron todo el gel a una institución religiosa para que esta los repartiera. Sin embargo, la fiscal advirtió que si habían cometido un delito tal “caritativa” acción no los salvaría del rigor de la ley. Hasta aquí la demostración de por qué no está mal regular esas conductas, contrario a los dogmáticos liberales que creen en “la mano invisible”.

El Perú, sin embargo, no es Estados Unidos –donde la ley se respeta– y, como dice el excongresista Lescano,aquí una ley en ese sentido será letra muerta porque ningún especulador ni acaparador terminará en la cárcel y el problema subsistirá. Si el Congreso quiere contribuir de verdad a solucionar el problema de la especulación y acaparamiento de las medicinas durante el estado de emergencia nacional y de salud pública, debería hacer suya la propuesta de la Sociedad Nacional de Industrias. Esta enfrenta la raíz del hecho.

La SNI propone que se haga pública la lista de precios al consumidor de todas las medicinas que expenden las farmacias. También que se permita la venta en supermercados de medicinas genéricas que no necesitan receta médica –como el panadol por ejemplo– que en algunas partes del país se venden a precios exorbitantes o simplemente han desaparecido. Y yo agregaría que durante la emergencia, como excepción, se vendan también en los supermercados los medicamentos relativos al tratamiento del COVID-19.

También la SNI ha señalado la necesidad de abrir el mercado a la importación de esos medicamentos para que los supermercados puedan adquirirlos directamente y acabar con el monopolio de los laboratorios. En otras palabras, lo que debería hacer INDECOPI. Esa es la receta correcta, y de mercado, a la especulación y el acaparamiento que SÍ soluciona el problema. La cárcel no.

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