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“Eso fue decisión del presidente”

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De un primer ministro a otro primer ministro: ¿se repetirá la historia?



En la campaña presidencial del 2001, el candidato Fernando Olivera Vega se enfrentó tenazmente a Alejandro Toledo. Cuando este último ganó las elecciones, repentinamente Olivera Vega y su agrupación política (FIM) pasaron a apoyar al gobierno a cambio de prebendas ministeriales. Así, Olivera fue designado primero como titular de Justicia, luego embajador político en el reino de España y, finalmente, como canciller. Este último cargo lo ocupó por pocas horas, ante la intempestiva renuncia del entonces premier Carlos Ferrero y del ministro de Vivienda Carlos Bruce.

Culminado el mandato chakano, Olivera radicó varios años en el país ibérico hasta que se presentó como candidato en la última campaña presidencial. Paradójicamente compitió contra su otrora socio político, aunque ambos obtuvieron resultados electorales literalmente para el olvido. Actualmente el exmandatario se encuentra detenido en los Estados Unidos, a la espera del pedido de extradición por parte de la justicia peruana, que le imputó el haber recibido US$ 30 millones como coima por la construcción de la carretera Interoceánica Sur. Preguntado por su participación en la ejecución de la mencionada obra, Olivera no solo lo negó, sino además dijo sentirse indignado y traicionado por Toledo.

Recientemente Vicente Zeballos, expremier de este titiritero gobierno, ha sido designado como representante del Perú ante la Organización de Estados Americanos en reemplazo del embajador de carrera José Boza, quien luego de permanecer año y medio en la OEA fue destacado a Bolivia. Un mes antes, nuestro canciller adelantó que la designación de embajadores políticos era potestad del presidente de la República, desconociendo el señor López Chávarry que la Ley del Servicio Diplomático refiere que esta prerrogativa presidencial se da con el voto PREVIO del Consejo de Ministros, del cual forma parte.

Apresuradamente Vizcarra salió al frente de las justificadas críticas, reconociendo el dizque profesionalismo de su expremier. Fue secundado por el propio Zeballos, quien repitió que tal designación es potestad constitucional del primero. Irónico comentario de quien –primero como titular de Justicia y luego como primer ministro– avalara el cierre INCONSTITUCIONAL del Parlamento.

Vizcarra sabía de antemano que sacarlo abruptamente del puesto iba a significarle un costo político. Que el agradecimiento público y pedido de acompañamiento hasta el final de su mandato no era suficiente. Emuló entonces a su entonces jefe PPK, y decidió premiarlo con un buen status y sueldo (percibirá la friolera mensual de US$. 15 mil, fuera de los gastos de instalación, residencia, entre otros), a cambio de mantenerlo cerca y, a la vez, alejado del cada vez más embrollado quehacer político.

Sin embargo, cuando ya no esté en el poder (esperemos que sea a partir del 28 de julio próximo) Vizcarra empezará a rendir cuentas por los extraños movimientos que vienen dándose al interior del Ejecutivo, y seguramente será el propio Zeballos quien primero alegue desconocer al entonces amigo suyo para luego deslindar todo tipo de responsabilidad, y finalmente soltar aquella frase repetida al hartazgo: “Eso fue decisión del presidente”.

Esto último lo sabe Vizcarra. Y si no es así, ya está notificado.

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