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Escándalo en el Ministerio de Cultura: ¿alguien cree que el viceministro “no sabía”?

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La exempresa del viceministro de Patrimonio e Industrias Culturales, Arqueo Andes SAC, obtuvo la buena pro para el desarrollo de estudios previos al Rally Dakar 2019.



¿En qué consiste el escándalo protagonizado por el “renunciante” viceministro Luis Felipe Villacorta y la titular del Ministerio de Cultura, Patricia Balbuena? En simple: la exempresa del viceministro de Patrimonio e Industrias Culturales –Arqueo SAC– obtuvo la buena pro para el desarrollo de estudios previos al Rally Dakar 2019 (mediante Adjudicación Simplificada N. 034-2018/MC).

Hay que ser bastante cándidos para creer el “sorprendido” manifiesto de Villacorta, quien aduce que no sabía “que su exempresa había concursado a esta u otras licitaciones públicas. Y, menos aún, obteniendo la buena pro de dicho concurso”.

El reglamento está clarísimo para gente en puestos de máxima confianza: si el Sr. Luis Felipe Villacorta traspasó su empresa es porque claramente conocía sobre los impedimentos de la Ley de Contrataciones con el Estado que obliga a servidores de Alta Dirección en el Ejecutivo a desistir de continuar con sus actividades como proveedores nacionales hasta un año después de entregado el cargo para el mismo sector. Eso sucede para quien compra, asume la gerencia general, responsabilidad  legal, etc.

Bajo instrucción OBLIGATORIA se tiene claro que dicha razón social está inhabilitada en la OSCE para ser proveedor del Estado hasta doce meses después de ser adquirida. Quien irrespete estas cláusulas comete dolo y las repercusiones son de índole penal. Si Villacorta “no lo sabía”, de igual modo los nuevos representantes le hicieron daño según el Art. 11 del Manual de Contrataciones con el Estado Peruano. Así, tendrá que determinarse el mecanismo de cesión de acciones e identificar si este pasó por el tracking financiero (que existe para corroborar la legalidad de la venta, traspaso, solvencia de los compradores y la proveniencia del dinero).

Pero hay otras “perlas” que denunció Panorama: irregularidades y personas con estrecha afinidad a Villacorta y/o relacionadas a su empresa que ocupan (u ocupaban hasta el momento de la denuncia) puestos estratégicos en la cartera de Cultura. Esto echaría luz sobre una red para fines presuntamente de beneficio personal. Se trata de un aspecto que tendrá que definir la justicia y que, sin embargo, da muchísimo que pensar sobre la capacidad de lucha contra la corrupción al interior del Ministerio de Cultura, que a raíz de la presión mediática ha puesto los reflectores sobre estos hechos. Y no es verdad, señora ministra, que “lo más importante es que se detectó todo en 24 horas y no se desembolsó ni un sol”. Todo esto pasó a vista y paciencia de su gestión, y con su mismísimo hombre de confianza: lo que correspondía era la destitución.

Mónica Yaya, experta en materia de contrataciones con el Estado Peruano, manifiesta que es de suma importancia que las investigaciones presten especial atención a la conformación del Comité De Calificación para dicha convocatoria pública. ¿Quién designó a los integrantes de la Mesa? Investigar no solo implica el proceso de apertura de sobres técnicos/económicos y averiguar quiénes son los otros postores, sino también retroceder hasta la etapa de conformación de los Términos de Referencia. “Es preciso determinar si tanto el proceso de desarrollo de los TdR, requerimientos y otras exigencias de la licitación tienen o no relación con las funciones del viceministerio que ocupaba Villacorta. Incluso hay que determinar si hubo o no direccionamiento de las Bases”.

Para Yaya, habría vestigios de negociación incompatible porque pareciera que trabajadores públicos concertaron para favorecer al funcionario y a su empresa privada. Manifiesta que “el gran error está en que el Organismo Supervisor de Contrataciones con el Estado, pese a tener actualizado el Registro Nacional de Proveedores (RNP) en correlato con Registros Públicos, no da a conocer esa lista que incluye a las empresas impedidas/inhabilitadas por su relación con funcionarios públicos […] Al privar a la opinión pública de esta información, el OSCE estaría ejerciendo un rol de encubridor”.

Si ello se aplicara eficientemente y con métodos menos burocráticos –como un Portal de Transparencia Institucional más amigable– el trabajo de la Contraloría General de la República sería a su vez más oportuno también. Sugiere Yaya que “para mejorar el sistema de contrataciones públicas debe existir un cambio de estructura mental en OSCE. Se cree que aplicando la ley y su reglamento se soluciona el delito. Y no es así. Es preciso eliminar tantas formalidades y crear un área de verdaderos expertos en casos de lucha contra la corrupción […] Lo mismo debería de suceder en Contraloría, entidad que debe de supervisar las acciones del Organismo Supervisor de Contrataciones con el Estado que depende a su vez del Ministerio de Economía y Finanzas”.

Por lo pronto, los ciudadanos ya exasperados con la corruptela esperamos que caigan como plomo los responsables de todo acto que afecte la credibilidad y propósito de nuestras instituciones.

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