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Errare humanum est

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Alan cosecha un nuevo triunfo judicial pero todavía no consigue uno político.



El Poder Judicial ha vuelto a darle la razón a Alan García y, esta vez, ha declarado nulo todo lo actuado por la comisión política presidida por Sergio Tejada que lo denunció en el Congreso. Lo más relevante aquí es que el expresidente podrá esgrimir una sentencia favorable no solo para los casos “colegios emblemáticos”, “Agua para todos”, “aeródromo de Collique” y “Business Track” —los cuales ya hace mucho tiempo que pasaron a mejor vida en el interés de la opinión pública— sino que lo realmente importante es que la denuncia constitucional en el caso “narcoindultos” quedó jurídicamente en nada.

Más allá de las previsibles reacciones de sus enemigos y de los que ven teorías de la conspiración por todos lados, lo cierto es que para García son buenas noticias. Digamos que en Derecho papelito manda y García tiene uno muy importante que enseñar. Pero el punto es que en política los papeles del derecho ya no mandan tanto porque una cosa es lo que diga el Poder Judicial y otra la que pueda decir la opinión pública. Y aquí me refiero específicamente al caso que estará en el candelero durante toda la campaña en la que el señor García busca el favor popular para ser investido presidente por tercera vez: su política de indultos.

Es obvio que para una buena mayoría de peruanos esa política de Estado no ha sido de su agrado. Más allá de si funcionó o no, de que si las estadísticas demuestran que de los indultados solo 1% reincidió o de cualquier otra consideración empíricamente demostrable a favor de la medida, el hecho objetivo es que a “Juan Pueblo” no le gustó que se indulten narcotraficantes, aún hayan sido de poca monta y con varios años de prisión a cuestas. Y no será precisamente porque el Poder Judicial diga lo contrario que la opinión de la gente deba cambiar sobre el tema.

Así pues, la solución a este problema de sensibilidad pública con respecto a la política de indultos del expresidente no pasa por una judicial —que ya le salió favorable—, sino por una respuesta política que hasta el día de hoy ha consistido en invocar la legalidad constitucional de la medida y la buena fe de la misma. Es obvio que no ha sido suficiente.

Si tenemos por cierto el hecho según el cual la gente cree que la política de indultos del expresidente estuvo equivocada, la respuesta política debería contemplar la magnitud de este hecho y actuar en consonancia. Después de todo errar humanum est.

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