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Entre la fragmentación y la concertación

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El Congreso enfrenta una nueva distribución del poder.



El Congreso enfrenta una nueva distribución del poder; se reformulará en bancadas y comisiones. Nadie descarta, sin embargo, los rezagos de la confrontación que se instaló por más de dos años ya sea por inmadurez o por nostalgia de la antigua dominación de la mayoría parlamentaria que en lugar de protagonizar reformas se dedicó a obstruir y hacer caer a ministros y, finalmente, al presidente de la República.

Fuerza Popular dejará de conducir el Congreso y la población indignada contra este poder del Estado ve en ello la oportunidad para elaborar una agenda unitaria que enfrente los problemas del país que son muchos. El desastre no natural de San Juan de Lurigancho nos ha traído a la memoria las dramáticas imágenes de inundaciones y destrucción provocadas por el Niño Costero en el verano del 2017. Y que ya pasaron dos años sin la reconstrucción tantas veces prometida.

Después de las sucesivas derrotas políticas que Martín Vizcarra ha propinado al Congreso, ahora este tiene la posibilidad de superar el amedrentamiento y los temores y convertirse en el reducto de la defensa de la institucionalidad y del equilibrio de poderes. Ello si queremos que el Estado de Derecho se sostenga como se pregona. Para lograrlo se impone una dedicación legislativa estricta para la reforma judicial, para garantizar la mejor calidad a la nueva Junta Nacional de Justicia y proporcionar al Ministerio Público instrumentos legales de defensa de su autonomía esencial para la democracia, y para afrontar y solucionar crisis internas.

Y, por supuesto, para apoyar eficientemente la lucha contra la corrupción sin reyertas baladíes ni enfrentamientos vacuos que de eso ya tuvimos bastante.

Los parlamentarios deberían en esta línea demostrar madurez, que terminó la confrontación con el Ejecutivo y que pueden superar la fragmentación que no debería ser obstáculo para ponerse de acuerdo en el interés nacional.

Vienen tiempos aún más convulsos con las nuevas declaraciones que revelarán más involucrados en el ya muy tóxico proceso Lava Jato. A Martín Vizcarra le toca gobernar dejando de lado la búsqueda compulsiva de la popularidad, y al Parlamento le corresponde legislar la reforma judicial y política que permita fortalecer las instituciones. A ambos poderes se les exigirá resultados desde una agenda que ojalá pudiera ser consensuada según la capacidad de colaboración y coordinación.

Necesitamos más acciones y menos discursos. A las puertas del Bicentenario nos espera el largo plazo. Lo deseable es que nos encuentre con cambios constitucionales y con una gobernabilidad que permita la modernización de la economía y de la sociedad. Dar confianza a esta perspectiva puede ser excesivo y hasta ingenuo pero no debemos ni podemos perder la esperanza de la racionalidad y los valores patrios.

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