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En la casa del jabonero…

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La señora Ávalos no asistió a la juramentación de los cinco miembros de la JNJ aduciendo motivos de transparencia, como la publicación de las actas de asignación de calificación de cada uno de los postulantes.



“En la casa del jabonero, el que no cae resbala”. Añejo refrán que calza perfectamente con la actual situación vivida en el Ministerio Público. Su titular, Zoraida Ávalos, a su vez integrante de la Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), cuestionó la elección de Marco Falconí como miembro de dicho organismo constitucional, originando la postergación indefinida de su designación a pesar de que el 30 de diciembre pasado la propia Comisión Especial lo designó junto a los otros miembros (6 titulares y 7 suplentes), en cumplimiento de la Ley Orgánica, Artículo 76.2: “Para nombrar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia se requieren el voto de cinco de sus integrantes”.

Más aún, la señora Ávalos no asistió a la juramentación de los cinco miembros de la JNJ aduciendo motivos de transparencia, como la publicación de las actas de asignación de calificación de cada uno de los postulantes. Puro capricho.

Sin embargo, con inusitada celeridad la Fiscalía decidió investigar a Mario Bryce por actos de discriminación a Julio Arbizu. Entendemos lo exagerado del supuesto “regalo” del jabón, pues va en contra del espíritu competidor en estas elecciones. Pero, siendo claros, esta acción de Bryce fue en referencia a la higiene personal de Arbizu y no a acto de discriminación alguno como aduce el exprocurador, pretendiendo con ello victimizarse. Además, debemos recordar que personajes políticos agredidos (como el caso del señor Tubino a quien le tiraron un cono en la cabeza por el solo hecho de querer ingresar al hemiciclo cuando este se encontraba inconstitucionalmente cerrado, o el de don Luis Alva Castro en los exteriores de la embajada de Uruguay) no han recibido protección alguna por parte del Ministerio Público.

En contraposición, es claro el respaldo de la señora Ávalos al controvertido equipo Lava Jato, pese al cada vez mayor cuestionamiento de uno de sus integrantes, el díscolo Jose Domingo Pérez. Inclusive cierto periodista gobiernista, refiriéndose a la investigación al tribuno del TC José Luis Sardón ha dicho que “lo que no debe ocurrir es que el fiscal Domingo Pérez tergiverse hechos para otros intereses (…) Puede estar muy molesto porque el señor Sardón voto a favor de Keiko Fujimori, pero no puede vengarse (…) No lo habilita de usar tan importante cargo que tiene para venganzas”. Y agregó que cada vez más ve a “un fiscal más exaltado y desviándose de su papel central” (La República, 19.12.2019).

Tampoco la señora Ávalos ha dicho algo sobre el protagonismo circense de JDP en la nueva pretensión de solicitar prisión preventiva para la señora Fujimori, que utiliza los mismos argumentos que propició que el TC otorgase su liberación.

Y, si todo esto no fuera ya suficiente, no se ha pronunciado sobre de respeto por parte del fiscal Juan Carrasco al cuestionar la labor que desempeña la Contraloría, cuyo titular declaró: “Lamentamos las afirmaciones del fiscal provincial, que demostrarían un desconocimiento de la labor de control. La función de la fiscalía es investigar, en el ejercicio de sus facultades y atribuciones legales, con el propósito de plantear la acción penal para acreditar la comisión de un delito; mientras que el trabajo de la Contraloría constituye un insumo relevante que aporta a la investigación fiscal, del mismo modo que aporta el apoyo técnico que brindan nuestros auditores a dichas investigaciones (El Comercio, 18.12.2019)”.

Haría bien la señora Ávalos –por la salud institucional de esta prestigiosa entidad– en orientar sus labores (así como el de todos sus colaboradores) a la defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho (Artículo 159°, Numeral 1 de la Carta Política), garantizándonos con ello un sano equilibrio de poderes frente al gobierno golpista del señor Vizcarra.

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