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En Equipo Lava Jato afirman que el abogado que contrate el Estado peruano no puede participar en extradición de Toledo

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Al ministro Zeballos le salió el tiro por la culata: intentó demostrar que al gobierno de Vizcarra sí le interesa traer al prófugo expresidente, pero terminó evidenciando todo lo contrario por no haber seleccionado a un letrado hasta ahora.



El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, indicó el último fin de semana que el gobierno está en búsqueda de un abogado para que haga seguimiento al proceso de extradición en contra del expresidente Alejandro Toledo (a quien se le ha dictado prisión preventiva porque habría recibido 20 millones de dólares en coimas de Odebrecht a cambio de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica) en Estados Unidos. “Estamos definiendo todos los perfiles propios de una contratación para contar con un abogado que se haga representante de nuestros intereses ante el gobierno norteamericano, con la finalidad de acelerar el proceso”, declaró Zeballos al diario Correo.

Lo dicho por el también legislador “liberal” ha causado –con justa razón– indignación pues en una primera lectura parecería que el gobierno del presidente Martín Vizcarra no tiene el más mínimo interés en querer que regrese el exmandatario chakano, fugitivo por casi dos años. Pero, antes de llegar a una conclusión, este portal consultó con varias partes involucradas en el asunto para dilucidar qué tan importante es la contratación de un abogado.

Fuentes del equipo especial del Caso Lava Jato, liderado por Rafael Vela Barba, dijeron que “en la extradición el abogado del Estado peruano no tiene ninguna participación”, debido a que, siempre según los informantes, “todas las decisiones las toma el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de Estados Unidos”. “El abogado que se contrate no tiene ninguna participación legal en el proceso”, remataron.

Un conocido juez supremo (y expresidente del Poder Judicial) mencionó que el Estado sí puede contratar a un estudio de abogados para asesorías y seguimiento a la extradición de Toledo. Así, recordó que la exministra Marisol Pérez Tello se hizo de los servicios de un estudio de abogados para la elaboración de un informe “bien hecho”.

Sobre este punto, allegados a Pérez Tello explicaron que la contratación del estudio fue para “tener una media de todos los procesos de extradición pendientes en Estados Unidos y no solo el de Toledo”. Añadieron que “no vale la pena contratar un abogado para hacer seguimiento, porque solo se lograría con ello adelantar el proceso unos cuantos meses”. De diferente posición es el exministro Salvador Heresi, quien sostiene que la eventual contratación “es muy necesaria”.

Lo único certero hasta ahora es que a Vicente Zeballos le salió el tiro por la culata: intentó demostrar que al gobierno de Vizcarra sí le interesa traer a Toledo al analizar la contratación de un jurista que acelere el proceso de extradición; no obstante, terminó evidenciando todo lo contrario por no haberlo hecho hasta ahora. Ello, sumado al polémico acuerdo con Odebrecht, podría llevarlo a una interpelación.

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