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Elegir y ser elegido

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¿Primará el derecho a la participación política?



La reciente Resolución 093-2016 del Pleno del JNE del 15 de febrero del presente declaró por mayoría  improcedente la modificación del estatuto, la inscripción de órganos decisores internos y la modificación del símbolo partidario solicitadas por Todos Por el Perú (TPP), partido político del señor Julio Guzmán. Como consecuencia de ello, la inscripción de su candidatura resulta hoy incierta.

Esta decisión se fundamenta en que las organizaciones políticas, una vez constituidas, se someten a reglas que aseguran su funcionamiento democrático. Por eso deben asumir necesarias cargas formales cuando pretenden modificar sus estatutos u otros elementos que les permiten elegir a sus candidatos para un proceso electoral. En el caso de TPP, la decisión en mayoría del JNE estimó que determinadas formalidades para este fin no fueron oportunamente cumplidas ni debidamente subsanadas.

Se infiere de esta decisión que, por principio de igualdad, a todas las organizaciones políticas se les exige el cumplimiento de las reglas vigentes para modificar sus estatutos y otros elementos necesarios para definir sus candidatos y sus símbolos para un proceso electoral. TPP no puede ser la excepción.

Esta decisión, por mayoría, está razonablemente fundamentada.

Sin embargo —en voto minoritario discordante—, dos miembros del Pleno del JNE consideraron en este mismo caso que las actuaciones internas de TPP para modificar su estatuto y otros elementos (que no se habían ajustado a lo reglado), resultaron válidamente subsanadas y/o ratificadas por su asamblea general del 20 de enero del presente año.

Debe anotarse que la mayoría del JNE no logró convicción sobre la realización de esta asamblea. La minoría, sí.

Este voto minoritario prioriza el derecho fundamental a la participación política como principio democrático. Asume que dicha asamblea logró convalidar los defectuosos pasos previos al interior de TPP. Especifica que este partido no había violado la Constitución o la ley, sino incumplido (y luego subsanado) sus normas internas. Anota además, como punto relevante, que ningún afiliado cuestionó la validez de tal convalidación.

Este voto, en minoría, también está razonablemente fundamentado.

Así es el Derecho. Caben diferentes perspectivas e interpretaciones no sólo sobre las normas aplicables, sino también sobre los hechos bajo análisis.

¿Cuál voto tiene mayor compatibilidad con nuestro Estado republicano? En mi opinión, el voto minoritario discordante. Ello pues su orientación interpretativa evita que se afecte el derecho fundamental a la participación política y el derecho fundamental a elegir y ser elegido. Ambos fundamentos y principios de nuestro Estado democrático.

La legalidad es importantísima. La legitimidad también en el plano social y democrático. Siempre es mejor que un candidato gane o pierda en carrera electoral por los votos que logró o que no logró.

Las formalidades cuando son subsanables, una vez superadas, debieran abrir un camino para el derecho a la participación política de todos los ciudadanos. No debieran erigirse como muros.

Hoy la inscripción de la candidatura del señor Guzmán se encuentra pendiente. Luego de la inminente decisión del Jurado Especial Electoral (JEE) —con alta probabilidad— será necesaria la decisión final del Pleno del JNE.

Aguardemos. Ya renunció el señor Renzo Reggiardo. ¡Qué no renuncien más candidatos! ¿Primará el derecho a la participación política?

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