¿El trabajo es un derecho o un privilegio?

Esta ley convierte el derecho al trabajo en un privilegio y el principal argumento que se usa a su favor es “peor es nada”. Tiene tantas aristas que más que “perfectible” es derogable, tanto que ahora varios congresistas se retractan de su voto. 

Uno de los temas que no se ha tocado sobre la nueva ley de empleo juvenil es la participación en las utilidades. En las empresas privadas de más de veinte trabajadores, se reparte entre estos de 5 al 10%, de acuerdo al rubro del negocio. Este monto, por lo tanto, es fijo, y se distribuye entre todos los trabajadores según su salario y el número de días trabajado. 

La nueva ley también elimina este beneficio. Lo que no se explica es qué ventaja representa o por qué estimularía la contratación, puesto que no significa un desembolso adicional para la empresa. 

Si una empresa tiene con la nueva ley un 25% de trabajadores que no recibe utilidades, estas ya no se repartirán entre, digamos, 100, sino solo entre 75. Unos no van a cobrar nada y los otros van a recibir más, empezando por los que más ganan. ¿Dónde están la lógica y el estímulo a la productividad en este esquema y quién se beneficia?

¿Se atreverán los congresistas a dar marcha atrás?