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¡El status quo en el país de las maravillas!

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A algunos parece no importarles que los protagonistas del crecimiento estén manchados, con tal de que la economía tenga un desarrollo sostenido.



¿Y la eficacia del criticado DU 003-2017? La deuda a proveedores de Odebrecht ha alcanzado los S/. 100 millones, se ha roto la cadena de pagos, se ha afectado a 40 mil trabajadores; es evidente que la situación se le está escapando de las manos al Gobierno.

Por ello, me pregunto: ¿qué espera para promover la venta de la Central Hidroeléctrica de Chaglla (Huánuco), valorizada en US$1600 millones y destinar los fondos a pagar proveedores e integrar el fideicomiso que respaldará la cancelación de las reparaciones civiles que se adeuden al Estado? ¿Se reduce a un tema de mala gestión o no hay voluntad de poner esta maquinaria de venta en marcha, toda vez que Odebrecht solo la vería pasar?

La congresista Beteta ha presentado el proyecto de Ley 1410, cuya principal finalidad es incluir dentro del ámbito del DU a todas las empresas brasileñas que han hecho jugosos e ilegales negocios en el país, así como a sus socios comerciales peruanos. Sin perjuicio de que este proyecto innecesariamente engloba demasiados supuestos, y genera una larguísima cadena de responsables que podrían causar estragos a nuestra ralentizada economía, tiene la virtud de quitarle el “nombre propio” a la norma y evitar que empresas con serios indicios de corrupción sigan contratando con el Estado o vendiendo activos, para inevitablemente convertirse en cascarones deleznables con ninguna capacidad de pago.

El proyecto ha sido criticado por especialistas en Derecho Constitucional sobre la base que se viola la presunción de inocencia, el debido proceso y la libertad contractual y que este tipo de restricciones solo corresponden luego de una sentencia firme y consentida. ¿Con nuestro Poder Judicial? ¿Ese que regala medidas cautelares a empresas que han violado la Ley de Contrataciones con el Estado para que sigan concursando y adjudicándose licitaciones? ¿Ese que le ha levantado el embargo a las cuentas de Camargo Correa para que se lleve corriendo sus dineros al exterior y defraude a los peruanos? ¿Ese que ha liberado a Félix Moreno, que no puede explicar como él y su esposa pagaron su casa en efectivo? ¿O ese tan “light” que demora los procesos contra Alejandro Toledo sobre la base de resoluciones que carecen de sustento y ameritan recursos de queja ante la Corte Suprema?

Con una administración de justicia que promueve la impunidad y que mira de costado la corrupción cuando le conviene, hay que tomar medidas rápidas y firmes, extensivas a todas las sociedades corruptas.

Déjense de lloriquear: ¡no se están violando derechos constitucionales, se está protegiendo al Perú de la rapiña! Graña y Montero S.A.A., JJC Contratistas Generales S.A. e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A están siendo investigados por sus vinculaciones al pago de coimas de Odebrecht, por los tramos II y III de la carretera Interoceánica Sur. ¿Quién protege los derechos del país? ¿O es que el hecho de ser empresas peruanas les da un estatus privilegiado? ¡Hay que saber distinguir!

No estamos hablando del universo de constructoras del Perú sino de una pequeña argolla que entraba en consorcio con las empresas brasileñas corruptas en todas las megaobras y que ha hecho fiesta con los recursos públicos. ¡Tu dinero, mi dinero! Es una absoluta exageración que esta inclusión dentro de los alcances del DU 003 vaya a generar un perjuicio sideral a nuestro crecimiento económico, ya debilitado por las medidas adoptadas por el MEF en el segundo semestre 2016, por Lava Jato y El Niño costero.

Con estos sofismas estaríamos convalidando el popular “roba pero hace obras”. En efecto, para los detractores, parecería que no importara si los protagonistas del crecimiento están manchados, con tal de que la economía tenga un desarrollo sostenido. Parecería que nuestro único objetivo como país es crecer a cualquier costo, mientras la institucionalidad y la formalidad quedan rezagados a último plano.

Citando un extracto de la conversación entre el ministro Thorne y el contralor: “No, realmente necesitamos su apoyo por las inversiones. Esos que se acaban de ir, ¿sabe quiénes son? Moody’s, son la agencia de rating. Y nos están ….están muy preocupados por el crecimiento; bueno nosotros también”. Las calificadoras de riesgo nos aman; prueba de ello es la exitosa emisión de bonos de US$2000 millones para el PMRT… pero lo estamos pagando caro.

¿Por qué mantener el statu quo en un país carcomido por la corrupción a todo nivel? Crecer es importante pero no a cualquier costo: si eso no lo entienden los líderes de opinión, la gente del MEF y de las organizaciones gremiales, queda en evidencia su doble discurso.

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