Opinión
El Sodalicio, la fiscal y el Congreso

¿Por qué la ministra de Justicia no muestra públicamente su preocupación por la reiterada sensación de impunidad?
Cuando hablamos de violadores o de abusadores sexuales, estamos hablando de monstruos disfrazados, de personas sexual y psicológicamente cobardes, de gente espuria, de auténticos símbolos de rechazo social. De gente corrupta desde su alma, de pervertidos e insanos. También de actos inauditos de violencia física y psicológica.
Esto, además, se agrava cuando se trata de sujetos que utilizaron la imagen protectora de la religión y los principios altruistas de instituciones de buen fin para manipular, seducir, maltratar y finalmente ultrajar —repito: ultrajar— a jóvenes adolescentes que confiaban en ellos. Gente que se maquilló bajo un discurso solidario y espiritual para abusar de jóvenes inexpertos e indefensos frente a su nivel de manipulación y de mentira; jóvenes que confiaban en ellos al igual que sus padres y familias en general.
Por eso indigna la resolución de la fiscal que archivó la denuncia contra el fundador del Sodalicio; porque resulta “pintoresco” que una fiscal, muy suelta de huesos, pueda argumentar en su resolución que las víctimas “son en la actualidad personas exitosas”, y que “no hay secuelas psicológicas” en ellos. No irrita la argumentación procesal o el tema de la prescripción, sino ligereza con la que aparentemente ha tratado un tema que ha circulado ampliamente en las redes sociales y que sigue dando que hablar aquí y en el extranjero.
Nadie en su sano juicio duda de la verosimilitud de las historias denunciadas, más allá de que tengan que ser probadas (ni que los denunciantes fueran locos para inventarse semejantes testimonios). Como será de verosímil la acusación que el Sodalicio está pagando en la actualidad las terapias de varios de los abusados.
Y la metáfora acuñada por la fiscal del caso es contundente: hay temas que es mejor no ventilar. Hay sectores de la sociedad que gozan de impunidad. Y es mejor dejarlo así.
Uno se pregunta si la ministra de Justicia no debería ser la primera en mostrarse preocupada por la reiterada sensación de impunidad que está colmando la paciencia de la población. A ella le toca atender los sentimientos de la ciudadanía y canalizar institucionalmente el fastidio y/o el malestar que existe en temas relacionados a su sector. Nada de eso ocurre. No parece darse cuenta de que nos estamos acercando a un desborde de indignación, de que la gente está harta y cansada.
Felizmente, el Congreso ha reaccionado de otra manera y ha anunciado que se investigará a fondo este vergonzoso capítulo. Se creará una comisión ad hoc y se abrirá finalmente un espacio para la escucha, la contención, la comprobación de los testimonios, la justicia de ser el caso, y la reparación simbólica en relación a un tema que hace daño a la Iglesia, y que avergüenza a propios y extraños.
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