Connect with us

Opinión

El remolón Lavajato a puertas de 2020

Publicado

el

A tres años y medio, es claro que como país no estábamos preparados moralmente para develar la corrupción ni tampoco lo estaban muchos periodistas y medios reconocidos. En vez de obtener beneficios, somos víctimas del proceso y de una falsa lucha contra la corrupción.



En el 2016 el Lavajato del Brasil tenía ya sentenciado a Marcelo Odebrecht por 19 años y 4 meses, e incluso llevó a la cárcel a un popular presidente: el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, quien ese mismo año habría ordenado entregar a Ollanta Humala tres millones de dólares. Tres años y medio después a puertas del 2020, los peruanos aún esperamos de nuestro Lavajato local que dé señas de una justicia decorosa e imparcial, pues aún no tenemos a ningún condenado, ni siquiera hay juicios pendientes y solo vemos shows mediáticos que propinan cárceles preventivas a personas muchas veces inocentes.

También resulta asombroso el despilfarro de dinero público por parte de los fiscales, tanto en viajes como en investigaciones que no dan frutos o cuyos resultados son inferiores a su costo-beneficio. ¿Cuántos millones han gastado ya el equipo de fiscales del Lavajato? ¿Acaso diez millones o son veinte? Tanto periplo de Rafael Vela Barba y Domingo Pérez por el mundo –Europa, Tierra Santa con propósitos poco cristianos, Estados Unidos de costa a costa entre Miami y San Francisco, y al Brasil innumerables veces–, todo en vuelos de business class a costa del peruano chamba que paga estoico sus impuestos, no han conducido por cierto a ningún resultado esperanzador.

Los fiscales del Lavajato siguen remolones y la vienen haciendo larga a puertas del 2020. Aparentemente insisten en la búsqueda de algún codinome –que parecieran desconocer– e investigando los aportes de la campaña política del 2011 de Keiko Fujimori, cuando no eran (ni serán) delitos. Pero, en cambio, de los aportes del 2016 –que posiblemente incluirían 400 mil dólares de Odebrecht al morado Julio Guzmán, 700 mil a Toledo y 300 mil a la dupla PPK-Vizcarra– ni preguntan. La razón es obvia: se está usando el caso Lavajato como herramienta de vejación selectiva, para poner afrentas a ciertos empresarios derechos. Y, por supuesto, muy duros escarnios personales a los líderes políticos del país, aquellos que justamente no formaban parte de sus corruptos negocios, como es el caso del inmolado Alan García y ahora de Keiko Fujimori, a quien amenazan con 24 años de reclusión.

Hemos visto también los abusos contra los dieciséis árbitros, a varios de los cuales felizmente se corrigió raudamente una cárcel preventiva y enfermiza, dictada por el apresurado juez Chávez Tamariz. Sin embargo, a los peces gordos del Club de la Construcción, a los grandes rateros del Perú (socios de G&M o de Odebrecht), a ellos nunca les allanaron sus oficinas, como hicieron con la Confiep y no se les toca ni de a vainas el patrimonio obtenido con estafas y robos. Es más: ahora la ingeniosa empresa Odebrecht ha encontrado otra mina de oro en el Perú: ya no precisan robar pagando sobornos por obras sobrevaloradas gracias a metrajes inverosímiles o topografías trucadas, sino que, literalmente, extorsionan al Estado peruano a través de la información que no dieron en su momento, tal cual fue prometida en el convenio original, y de la cual disponen sus más altos funcionarios. Si no pagamos más y más millones de dólares, ¡dizque no colaboran!

La extorsión que hace el criminal brasileño con el Estado peruano avergüenza a nuestra pujante nación y se ha vuelto el pan de cada día. Consiste en obligar al Perú, a través de la intimidación de sus fuscas autoridades, a realizar actos ilícitos como pagar dineros u omitir actos generando un severo perjuicio económico a los peruanos. Es decir, obligan al Estado “a actuar de una manera que no se realizaría si no fuera por esa intimidación”.

En tal sentido, podría afirmarse que en el Perú no se aplica la cláusula anticorrupción del proyecto Gasoducto del Sur, que desnudaría los juicios indebidos en el CIADI presentados por Odebrecht, ENAGAS y G&M por cuestiones personales, y que implicarían a nuestros gobernantes. Fue por ello mismo que el gobierno de Vizcarra y Zeballos bajó la cabeza y pagaron los tristemente famosos 524 millones por Chaglla.

Nos queda claro, a tres años y medio de iniciada la investigación del Lavajato en el Perú, que como país no estábamos preparados moralmente para develar la corrupción ni tampoco lo estaban muchos periodistas y medios reconocidos. En vez de obtener beneficios, somos víctimas del proceso y de una falsa pretensión de luchar contra la corrupción que en realidad no existe.

Por todo, la investigación del Lavajato –con sus procedimientos y resultados– fue en retrospectiva una decisión descaminada e inocente para el Perú que debió orientarse de otra manera. Así, quienes aún piden socarronamente que apoyemos la investigación del Lavajato “para que no se derrumbe la lucha anticorrupción” realmente ignoran las verdaderas necesidades nacionales, pues no ven más allá de sus propios intereses políticos. Por si fuera poco, el PBI del régimen golpista de Vizcarra cayó al suelo: alrededor del 2% desde un 4% proyectado para el 2019. Y es que, en el Perú, todo lo que era bueno se está partiendo.

Seguir leyendo
Click para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Opinión

Presidente, diga la verdad

Seguir leyendo

Opinión

Sombría salida de la cuarentena

Seguir leyendo

Opinión

Los voceros de las AFP

Seguir leyendo

Tendencias

Director: Ricardo Vásquez Kunze.


Contacto: [email protected]

Copyright © 2019 Todos los derechos reservados a favor de Político.pe. Aviso Legal. Desarrollado por Smart! Grupo Creativo