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El pez por la boca muere

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¿A los fiscales Vela y Pérez les está permitido juzgar las tendencias políticas o ideológicas de las personas que los critican? ¿Así proceden también con los investigados? ¿La amenaza a De Althaus no es ese el ejemplo más palpable de persecución política?



El talante antidemocrático y totalitario de los fiscales del caso Lava Jato quedó en evidencia esta semana. Ambos, con diferentes tonos más subidos el uno del otro, despotricaron contra el periodista Jaime de Althaus por compartir en su red social un meme que criticaba el nulo nivel profesional del par en materia de negociaciones. Esto, luego de saberse el escándalo de la demanda de Odebrecht ante el tribunal arbitral de CIADI contra el Estado peruano por la resolución del contrato del Gasoducto Sur Peruano.

La constructora brasilera ha pedido una indemnización por daños y perjuicios de mil doscientos millones de dólares, pese a haber reconocido delitos en la adjudicación de esa mega obra para la que fue el único postor. El gobierno de Martín Vizcarra venía negociando en SECRETO con los gánsters brasileños, a espaldas de la opinión pública, una solución que nunca llegó a ser del agrado de la constructora y por eso se dio la demanda. Sin embargo, en una carta dirigida al jefe del Equipo Lava Jato, la empresa demandante expresa las magníficas relaciones con los fiscales e invoca a esas buenos entendimientos para que prácticamente funjan de amigables componedores entre el gobierno –que los respalda expresamente– y ellos, con el fin de evaluar retirar la mencionada demanda.

Esto deja al descubierto lo funcionales que han sido a los intereses de Odebrecht este par de fiscales que durante casi dos años han venido contando el cuento de que gracias a un acuerdo de colaboración eficaz, QUE NADIE CONOCE PORQUE ES SECRETO, se ha podido recabar abundante “información” que hasta ahora no resulta en ninguna acusación concreta. El caso del Gasoducto Sur Peruano es la cereza de la torta de una desfachatez que linda con la complicidad entre los fiscales y Odebrecht, pues no olvidemos que la opinión pública peruana conoció de los delitos de la constructora en el Gasoducto solo a través del periodista ecuatoriano Andersson Boscán, sin el cual hasta hoy no sabríamos que Odebrecht había cometido esos delitos.

¿Sabían los fiscales de ellos o los brasileños los engañaron? Cualquiera sea la respuesta, lo concreto es que el acuerdo no los recogía y los fiscales tuvieron que inventarse el cuento del “acuerdo progresivo” o, lo que es lo mismo, a ir poniendo de a puchos los delitos que a Odebrecht le vayan saliendo en el camino no por la investigación de los fiscales, sino por la labor de otros actores como Boscán.

En Lima, sin embargo hay una cofradía de periodistas que defienden a capa y espada a los fiscales y achacan todas las críticas a elementos interesados en echarse abajo el caso, cuando el caso ya está por los suelos en función de los nulos resultados: salvo, claro, que el show de las prisiones preventivas y la persecución de los aportes de campaña que que no son delito más que en la puesta en escena de los fiscales puedan tomarse como logros (¿de qué?). Lo último que faltaba, sin embargo, para demostrar la desconexión con la realidad que obliga a los fiscales a no medir las consecuencias de sus dichos ha sido el ataque contra Jaime de Althaus porque…”ya saben ustedes de qué tendencia es”.

¿A los fiscales les está permitido juzgar las tendencias políticas o ideológicas de las personas que los critican? ¿Así proceden también con los investigados? ¿La amenaza a De Althaus no es ese el ejemplo más palpable de persecución política? ¿Y el ministro de Energía y Minas de este Gobierno, que trabajó directamente para Odebrecht en el Gasoducto y que todo el mundo ahora imagina metido hasta el cuello en las negociaciones, no es acaso la mayor prueba de la politización del asunto Lava Jato?

Composición original: Expreso

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