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El imperio del terror

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El dramático informe sobre Venezuela presentado por la OEA proyecta los niveles de perversidad e insania del régimen chavista.



El dramático informe sobre Venezuela presentado por un equipo de profesionales convocados por el Secretario General de la OEA proyecta los niveles de perversidad e insania del régimen chavista. Familiares y testigos de jóvenes asesinados por participar en manifestaciones han identificado a los victimarios, precisando día, hora y lugar de esos crímenes. Medio centenar de torturados, por su lado, han narrado con valentía los actos de crueldad cometidos por militares y policías asistidos por sicarios integrantes de los llamados “colectivos chavistas”.

Las 409 páginas del documento de la OEA constituyen un registro de terror, sadismo, cobardía, degradación moral y perversidad del alto mando de un régimen que pretendió construir el Socialismo del Siglo XXI, y que ha terminado conduciendo a su pueblo a la miseria y al éxodo de cuatro millones de personas desesperadas por alimentos, medicinas y libertad. Jóvenes y adultos, en efecto, relatan cómo fueron golpeados con porras y cascos hasta perder el conocimiento, colgados y apaleados, rociados con gasolina, con la amenaza de convertirlos en teas humanas si no acusaban a personas inocentes.

El desgarrador informe también denuncia a verdugos que les arrancaron las uñas de manos y pies, les aplicaron descargas eléctricas o fueron envueltos en colchonetas de goma para golpearlos y no dejar huellas visibles. Varias víctimas cuentan, asimismo, que sus cabezas fueron introducidas en bolsas de plástico para inyectarles gases lacrimógenos y provocarles ahogamiento. Otros confiesan haber sido objeto de violaciones sexuales, incluyendo la introducción por el recto de palos mojados en polvo con sustancias tóxicas, mientras eran insultados y obligados a lanzar vivas a Maduro.

Al propio Leopoldo López, que lleva más de cuatro años encarcelado, le lanzaron excremento y orines en su celda, lo incomunicaron, amenazaron, a la vez que obligaban a su digna esposa y a su madre a desnudarse para que puedan visitarlo.

Todos estos testimonios están probados. Han sido escritos de puño y letra por las víctimas, con huella digital incluida. También se encuentran identificados autores, cómplices y la cadena de mando, que tienen en Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y el general Padrino López a los principales responsables.

El informe de la Comisión de la OEA también comprende pavorosas cifras de la crisis humanitaria, y testimonios de arrepentidos jueces y fiscales que sancionaron penalmente a personas inocentes porque, desde el exilio, arguyen que fueron amenazados por el Gobierno.

Ahora, hay que actuar. No callar. No quedar atrapados en las redes de una diplomacia tímida y silente. No dejar sin consecuencias esos actos abominables. Luchar contra esta barbarie es imperativo de la democracia, porque significa defender principios y valores, responder a la barbarie de sujetos insanos con la aplicación de la ley internacional. Se trata, en suma, de responder al clamor de centenares de seres humanos que están en el exilio, presos, en la clandestinidad, han muerto o han sido torturados por luchar por la libertad.

El gobierno del Perú –y de ser posible el Grupo de Lima– deberían solicitar la urgente intervención de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para que investigue esas denuncias, interrogue a víctimas, victimarios y testigos con el objeto de que se abra proceso y se sancione a los responsables de esos actos despreciables. Sartre, el célebre pensador francés, decía: “Cada palabra tiene consecuencias; cada silencio también”. Y en este tema contamos con una Cancillería que no ha callado y, antes bien, ha demostrado ser consecuente con los principios fundamentales del derecho internacional.

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