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El dictador Ortega asalta las iglesias

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Lo ocurrido en Nicaragua debe motivar no solo la condena de nuestra Cancillería, sino que esta convoque a Lima a nuestro embajador en Managua y denuncie ante la OEA esos crímenes de lesa humanidad.



Nicaragua se encuentra sumergida en una pesadilla represiva que hasta el momento ha provocado 252 muertos, 80 desaparecidos, 1300 heridos y un número no determinado de encarcelados. Se trata de hechos extremadamente graves que deben motivar no solo la condena de nuestra Cancillería, como ya ha ocurrido hace unas horas, sino que esta convoque a Lima a nuestro embajador en Managua y denuncie ante la OEA esos crímenes de lesa humanidad.

Como bien describe un informe de Human Rights Watch, la población se encuentra “aterrorizada por los secuestros, torturas y asesinatos a cargo de turbas dirigidas por Daniel Ortega”. Ahora seguramente aún más aterrada al conocer que policías y sicarios del régimen asaltaron la parroquia de Santiago de Jinotepe, robaron documentos, banquetas y medicinas, al tiempo que lanzaron basura a los sacerdotes. Todo al tiempo que el nuncio –representante del Sumo Pontífice– el cardenal y varios clérigos reunidos en la histórica basílica de San Sebastián, en el pueblo de Diriamba, para orar por la paz y proteger a los feligreses, fueron agredidos brutalmente por encapuchados y militantes orteguistas.

Fue esa, sin duda, una resistencia ejemplar que impidió que los facinerosos consumaran la vesania de asaltar el templo para arrestar a varias personas. Las grabaciones registran los maltratos, insultos y heridas que sufrieron los sacerdotes  –también los periodistas–, hechos calificados como “cobardes” y “repudiables” por la Arquidiócesis de Managua.

A ese vejamen se suma el reciente sitio a una iglesia en Managua, que ha dejado una veintena de heridos y dos estudiantes muertos.

Esta ha sido la respuesta de un gobierno fascista que forma parte del llamado Socialismo del Siglo XXI, creado por Hugo Chávez, a las crecientes protestas para que se convoque a elecciones. El jefe de la barbarie es Daniel Ortega, exguerrillero del Frente Sandinista de Liberación Nacional. El movimiento sandinista derrocó al dictador Anastasio Somoza Debayle en 1979 y un año más tarde –el 17 de setiembre de 1980– lo asesinaron en Paraguay, disparando sobre su automóvil blindado un lanzacohete RPG-2.

Ortega fue el jefe de la Junta de Gobierno de 1979 a 1990 (once años) y luego asumió la presidencia, vía electoral, el año 2006, un cargo que ocupará por lo menos hasta el 2021, habilitado por sucesivas reelecciones. Es decir, pretende ejercer el poder por lo menos 26 años, esta vez acompañado como vicepresidenta por su esposa Rosario Murillo.

Las protestas de los gobiernos son importantes, pero insuficientes. Los principios y valores democráticos, consagrados en todos los instrumentos internacionales, no deben quedar como documentos birlados impunemente en compromisos arrasados sin ninguna sanción a los responsables. Por ello, los países democráticos deben responder a una dictadura que violenta sistemáticamente los derechos humanos, como la de Nicaragua o Venezuela, retirando a sus embajadores. Por su parte, los organismos multilaterales están en la obligación de aplicar una cláusula que condicione las líneas de crédito al respeto a la democracia y la libertad; la OEA debe hacer uso de la Carta Democrática para excluir del organismo hemisferio a las dictaduras; y la hasta hoy indolente e inoperante Corte Penal Internacional tendría que iniciar una investigación sobre las numerosas denuncias de torturas y asesinatos.

Solo así, con firmeza, como la demostrada por clérigos y periodistas nicaragüenses, podremos detener el autoritarismo en la región.

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