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El dictador busca ministros

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AAR a Economía; RMP a Justicia; Chinchay, Oxenford o Ballón a Transportes y Comunicaciones (más a lo segundo, claro). Todos están pintados como ministros golpistas y sería bueno que asuman la responsabilidad de sus dichos... para después mandarles fruta.



Al dictador Martín Vizcarra no se le ha ocurrido mejor fecha que hacer jurar su gabinete el 3 de octubre, fecha en que otro dictador con las mismas promesas de moralidad y progreso dio un golpe de Estado en 1968.

Empieza mal el dictador Vizcarra, por lo menos con el cuento de la moralidad y la lucha contra la corrupción. A la mafiosa Odebrecht el Estado le acaba de reconocer una deuda de más de 500 millones de dólares por la Hidroeléctrica de Chaglla, cuya venta permitió a cambio de información que hoy mismo se ha demostrado irrelevante: unos cuantos nombres de congresistas del Parlamento de… ¡Humala! Entre el tumulto el dictador y su brazo torcido de fiscales y procuradores consumaron una vergonzosa recompensa a los corruptos que no hubiera pasado en la opinión pública exacerbada por el cierre inconstitucional del Congreso.

Pero aún le faltan ministros al dictador. De esos que quieran inmolarse en la cárcel apenas pase la euforia –en estos tiempos digitales todo transcurre y se consuma más rápido que en el siglo XX– y cambie la marea (que todos sabemos que en el Perú es como uno de los medidores malogrados de Sedapal).

No hay ministro de Economía, tampoco de Justicia ni algunos más. Y propongo nombres.

Como estoy firmemente convencido de que deberían hacerse responsables de su incitación al golpe de Estado de Vizcarra y a la sedición que alentaron durante semanas y semanas –en vez de ampararse en la libertad de opinión desde un periódico, una pantalla o un micrófono para no sufrir consecuencia alguna–, sugiero que el economista Augusto Álvarez Rodrich asuma la cartera de Economía de la dictadura. Según su curriculum vitae es economista titulado por la Universidad del Pacífico con post grado en Harvard University, además de haber sido durante años mandamás de Apoyo Consultoría y tecnócrata feliz en la época de la dictadura de Alberto Fujimori en uno de esos grupos de venta de empresas públicas.

Que jure, pues, con todos esos laureles el cargo de ministro de Economía del dictador para que luego que el régimen espurio acabe veamos por la tele su juicio y sentencia y no quede impune con el cuento de la opinión. Que estampe su firma no en su columna sino en los decretos leyes del dictador.

Otra que debería ser convocada y aceptar de inmediato la cartera de Justicia es la doctora Rosa María Palacios, que sigue el mismo libreto de Álvarez Rodrich con loas al nuevo régimen del dictador. Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú –¡qué verguenza!– y con un post grado en una universidad de Texas, la doctora Palacios ha dado durante años casi todos los consejos jurídicos posibles para que el expresidente se convierta en un tirano, firmando columnas de opinión y a través del streaming, sin ninguna responsabilidad penal por promover encarcelamientos de opositores, abusos en el TC y, ahora, el golpe de Estado.

Como ella parece ser hija de Hans Kelsen (el más grande sabio del derecho) y saber más que él interpretando todas las ramas de la juricidad, sobre todo ahora la “constitucional”, pues que asuma la responsabilidad penal de jurar como ministra de Estado del dictador y le aconseje en términos jurídicos en los que, por lo menos, será mejor que el señor Zeballos, el nuevo premier del dictador. Si por miedo a la cárcel que le esperaría la doctora arruga, pues acaba de salir, de un estudio de abogados que en 18 minutos emitió un informe favorable a la corrupta Odebrecht para una de sus obras, otro candidato a ministro de Justicia  que por todo lo que dice también estaría pintado para el cargo.

Como ministro de Transportes y Comunicaciones (más de Comunicaciones, claro) le propongo al dictador una terna entre Jimmy Chinchay, Juliana Oxenford y Jorge Ballón (aunque haya una interminable fila en lista), cuyas opiniones actualmente tampoco acarrean ningún contenido penal por la santidad de “la libertad de expresión”.

Chinchay se ha convertido en el experto grandilocuente sobre el papel membretado. Sin rubor objeta que el Congreso expida sus documentos o pronunciamientos en papel membretado oficial del Parlamento porque, según él, ya no tienen ningún valor. Es decir, no solo se ha plegado al golpe sino que además interpreta lo que se le pasa por la cabeza (y, al menos, no ha pasado como Palacios por alguna universidad de Texas).

En Twitter, Oxenford descalifica al presidente del Congreso porque “ya no existe” (al igual que Chinchay ella lo decidió e interpretó así, avalando el golpe del dictador) cuando Olaechea exige mediante oficio (en papel membretado) que El Peruano publique la elección del nuevo miembro del TC. Como si no bastara, reafirma que sigue “apoyando la disolución del Congreso”.

Y Ballón discute con los congresistas que son impedidos de entrar a la representación nacional el porqué de su presencia allí si el Congreso ya está disuelto… por supuesto en un tono que él califica de “independiente” pero que en realidad resulta más que majadero.

Ahí tiene el dictador opciones para tres ministerios. Todos saben comunicar la prepotencia del régimen y, si juran, asumirían como hombres y mujeres de coraje las consecuencias de sus acciones con la cárcel que les espera y no las eludirían con el clásico: “Es mi opinión. Yo solo hacía mi trabajo”.

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