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¿Dónde está, señora Bachelet?

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Han pasado seis meses desde que Naciones Unidas la nombró Alta Comisionada para los Derechos Humanos (con 1300 empleados y un presupuesto de 200 millones de dólares al año), y la expresidente de Chile solo ha decepcionado por su modorra burocrática ante la barbarie de Venezuela y Nicaragua.



Han transcurrido más de seis meses desde que Naciones Unidas distinguió a la expresidente de Chile, Michelle Bachelet, con el cargo de Alta Comisionada para los Derechos Humanos, trabajo en el que dispone de 1300 empleados y un presupuesto de 200 millones de dólares al año. La señora Bachelet, sin embargo, ha sorprendido y decepcionado por su inamovilidad, por su modorra burocrática ante actos de barbarie que ocurren en nuestra región, especialmente en Venezuela y Nicaragua.

Precisamente, esperábamos que luego del desgarrador drama que vivió su familia, la exmandataria se habría convertido en una activa luchadora por los derechos humanos. Su padre, el general de la Fuerza Aérea, Alberto Bachelet, encargado del abastecimiento y distribución de alimentos durante el gobierno de Salvador Allende, no se sumó al golpe de Estado de Pinochet y fue acusado de traición, luego encarcelado y torturado hasta que murió de un ataque cardíaco. Su madre y la propia Michelle continuaron durante dos años batallando valerosamente contra la dictadura hasta que fueron detenidas y torturadas. Tuvieron que exiliarse en Alemania Oriental.

En Europa, siguieron atentamente la involución política de su país y conocieron los actos de barbarie cometidos contra cientos de sus compañeros de lucha: fueron asesinados, torturados o encarcelados por un régimen fascista, de similares características que el venezolano aunque de distinta orientación política.

Bachelet alcanzó al cargo en Naciones Unidas tres meses después de que su antecesor, el embajador jordano Zeid Ra’ad Al Hussein, entregara un lapidario informe acusando al régimen chavista de cometer 505 asesinatos, de apresar ilegalmente a 12 320 opositores, de innumerables torturas y de violar el derecho a la salud y alimentación de su pueblo, pues ha obligado a cinco millones de personas a emigrar en búsqueda de medicinas y alimentos.  Ese documento y otro similar de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, así como de diversos organismos humanitarios, sirvieron de sustento para que varios países –entre ellos el Perú– denunciaran al gobierno chavista ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.

El 1 de setiembre de 2018 pudo ocurrir un cambio importante cuando el propio Maduro invitó a la señora Bachelet a visitar su país, acceso que negaron a su antecesor. Fue una extraordinaria oportunidad para actuar y, sin embargo, en lugar de aceptar de inmediato la invitación –como demandaba insistentemente la oposición democrática–, empacar maletas y trasladarse con un equipo de especialistas a Venezuela, la alta comisionada respondió evasivamente diciendo que oportunamente su oficina coordinaría el viaje.

Nada hubiera impedido, por cierto, que la señora Bachelet se trasladara al país llanero a visitar los centros penitenciarios, escuchar testimonios de ciudadanos torturados y de familiares de personas asesinadas por fuerzas policiales, militares y colectivos de sicarios. También pudo aprovechar ese tiempo para entrevistarse con líderes detenidos, como Leopoldo López, y dirigentes asilados en la propia embajada chilena en Caracas (víctimas de infames patrañas judiciales). Nadie lo hubiera impedido porque, de haberlo intentado el gobierno venezolano, se habría generado un estrepitoso escándalo internacional.

Lamentablemente, la señora Bachelet no se movió de su confortable oficina en Nueva York. Durante los seis meses que ha venido ejerciendo el cargo, el régimen de Maduro ha matado a 76 personas y apresado a 960 manifestantes; al tiempo, otro dictador, el nicaragüense Daniel Ortega, cometió 360 asesinatos y hasta hoy 45 mil compatriotas suyos han huido a Costa Rica.

Ante esta inacción, los once países integrantes Grupo de Lima –reunidos el 4 de febrero en la ciudad de Ottawa– publicaron una declaración de apoyo al presidente provisional de Venezuela, Juan Guaidó, y a la vez urgieron “a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a responder de inmediato a la grave situación de los derechos humanos en ese país”. Esa nota constituye, sin duda, una explícita expresión de descontento sobre el trabajo desplegado por la señora Bachelet, al tiempo que representa un ukase diplomático que podría implicar un pronto retiro de confianza para que continúe en ese puesto.

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