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Que un ciudadano común o un medio haga una crítica respetuosa no tiene nada de raro; los fiscales, sin embargo, han utilizado palabras como “sospechosamente” o “tinte político”, que menoscaban la estructura jurídica del país.



Habría otros posibles títulos para el presente artículo, en el afán de describir con exactitud el comportamiento del fiscal Domingo Pérez.

Todos los ciudadanos sin excepción estamos obligados a seguir y respetar la ley; con mayor razón, lo están los funcionarios públicos encargados de administrar justicia. Como si una persona que pesa 200 kilos y con una panza descomunal fuera el preparador físico de la selección.

Primero fueron ligeras opiniones políticas que con el tiempo fueron subiendo de tono y que comenzaron a preocupar. Frecuente ha sido su desafío abierto a sus propios jefes, al fiscal de la nación y/o a la Junta de Fiscales Supremos; en otras ocasiones ha criticado públicamente a funcionarios de todo nivel de los otros poderes. Ni su aparente jefe en la sombra, el presidente –ahora de facto– se ha salvado de ser cuestionado.

A eso súmenle sus allanamientos tipo reality show con gran despliegue de la prensa mermelera: ni la Confiep se ha salvado. O sus prisiones preventivas en masa, los calificativos de “organizaciones criminales” que otorga con ligereza a los  partidos políticos (al ritmo que va, ni los boy scouts se salvan), su escandalosa declaración calificando a Sendero Luminoso como grupo guerrillero; o las sospechosas filtraciones a cierta ONG que tiene todos los datos y/o grabaciones que se suponen son reservadas.

No obstante todo lo anterior, lo último que acaba de presenciar el país es inaudito e inaceptable: Pérez cuestiona de forma malcriada e insultante un fallo del TC. No debió decir nada, simplemente acatar el fallo y proceder a la acusación.

Que un ciudadano común o un medio haga una crítica respetuosa no tiene nada de raro, es lo que sucede normalmente; no todos pensamos igual. Pero el fiscal de marras –y su jefe el fiscal Vela– ha utilizado palabras como “sospechosamente” o “tinte político”, que menoscaban la estructura jurídica del país. Es como una apología al caos –por no decir terrorismo político–, porque ese cuestionamiento busca prácticamente torpedear las bases de un edificio sin medir las consecuencias. Es la destrucción de la seguridad jurídica. Es como si en un partido de fútbol el árbitro y los jueces de línea se agarrasen a trompadas por un fallo.

Frente a esta situación la fiscal suprema está pintada en la pared. El ente llamado a poner orden sería el Congreso, pero ante su ausencia: ¿cómo hacemos?

Foto: Enfoque Derecho

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