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Del mineroducto a la carretera

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El conflicto de Las Bambas escala sin remedio.



El conflicto de Las Bambas escala: aspectos legales, políticos, económicos y sociales confluyen. Los intereses colisionan y la economía nacional va perdiendo un gran porcentaje del PBI, como ha señalado el presidente del BCR. Y es el gobierno el encargado de evitar el estallido dramático de este polvorín ubicado en uno de los departamentos más pobres del Perú.

Inicialmente se planeó la construcción de un mineroducto –de 200 kilómetros– para transportar los minerales de Las Bambas hasta Espinar, donde serían procesados. Así fue aprobado en el Estudio de Impacto Ambiental de 2011, debatido con participación ciudadana. Se aprobó también la construcción de una carretera para transportar maquinaria y suministros para la mina para lo cual hubo acuerdos de cesión de uso o servidumbre minera con las comunidades propietarias de los terrenos que la atravesarían.

Pero el mineroducto nunca avanzó: fue una promesa sin voluntad de cumplimiento. Cuando se transfirió la concesión al consorcio chino MMG se dieron cambios en el EIA no informados a la población. En noviembre de 2014, el Ministerio de Energía y Minas aprobó el uso de la carretera para incluir el transporte de los minerales extraídos y se descartó formalmente el mineroducto. La carretera fue dividida en nacional, regional y vecinal, mientras algunos tramos se encontraban en proceso de jerarquización para ser consideradas como vías públicas.

La Defensoría del Pueblo, de notable actuación en este conflicto, ha señalado numerosas irregularidades y vicios en el proceso que parece haber respondido especialmente a los intereses de la empresa.

Las Bambas pidió utilizar la carretera como corredor minero al final de la evaluación de la modificación del EIA. Ni el Ministerio del Ambiente ni el de Transportes y Comunicaciones dieron su opinión técnica sobre el uso de esta carretera de 482 kilómetros, que no reunía las condiciones para el tránsito diario de carga pesada. Y tampoco hubo estudios sobre los impactos ambientales y sociales del transporte de los minerales, ni sobre la mitigación de esos impactos. Las autoridades locales tampoco emitieron opinión técnica, y menos se tuvo en cuenta la de las comunidades y centros poblados afectados por el uso de la carretera o corredor minero.

Mientras tanto, el consorcio chino MMG no asumió obligaciones por el uso y mantenimiento de la vía y menos llegó a acuerdos con los propietarios de los terrenos que verían los problemas desde 2016, cuando comenzó el traslado efectivo del mineral con el paso de varios cientos de volquetes diarios con concentrados de cobre y molibdeno hasta Matarani, Arequipa.

Y ahí está la madre del cordero: el conflicto escaló por la continua polvareda, ruidos y vibraciones de las caravanas de volquetes. Y si era usada diariamente para el transporte de los concentrados, alguien debía asfaltarla, mantenerla y hacerse responsable de los impactos.

Las demandas de las comunidades se elevaron con la presencia de vivos que quisieron aprovechar la situación. No solo es Fuerabamba: muchas otras comunidades de Apurímac y Cusco demandan indemnización económica y mejoramiento de la vía. La empresa no quiere negociar con las comunidades aduciendo el carácter público de la vía, y los comuneros son acusados de antimineros y extorsionadores.

El MTC asume el saneamiento físico legal de las propiedades comunales afectadas y el mantenimiento de la carretera. No hay el dinero para asfaltar toda la vía y sanear las propiedades afectadas. Las Bambas y otras mineras de las proximidades son las que usan y se benefician de ella. La lógica dice que deberían pagar ellas y las comunidades centran sus demandas de compensación en la empresa, que puede y debe pagar más que el Estado.

El marco legal e institucional que rige las actividades mineras en el Perú no funciona. Las Bambas no será el último conflicto social minero en el país; toca incrementar la presencia del Estado en zonas de actividad minera, mejorar la transparencia y participación ciudadana o comunal con controles más adecuados en la certificación ambiental, reducir los desequilibrios entre los intereses de la población, la empresa, y del Estado de Derecho del Perú.

El Estado tiene un rol tutelar de los derechos; en especial, el derecho a la vida si estalla ese temible polvorín de violencia como sucedió en Bagua. No ha entendido su rol respecto de la minería, como bien dice el defensor.

Foto: Trome

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